CCOO, sindicato mayoritario en Correos, ha propuesto el resto de organizaciones sindicales la convocatoria de once jornadas de paros y huelgas generales en todo el Estado en plena campaña del voto por correo de las elecciones.
Tras el paréntesis de cuatro meses sin que los responsables políticos de Hacienda, de SEPI y de Correos hayan presentado una propuesta «seria» para el desbloqueo del convenio colectivo de los 52.000 trabajadores de Correos, y con la amenaza de imponer un nuevo recorte extra de puestos de trabajo a pesar del salvaje ajuste de empleo de 14.000 puestos en los últimos cinco años, CCOO ha anunciado que retoma las movilizaciones aparcadas en noviembre por las cuatro organizaciones convocantes (CCOO, UGT, CSI•F y SL), con un calendario para los meses de abril y mayo, con paros y huelgas el 30 de abril, 4, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo, propuesta que trasladará el resto de organizaciones sindicales convocantes para mantener aquel criterio unitario.
Para CCOO ha quedado de manifiesto «la falta de impulso y respaldo por parte de los responsables políticos y directivos de turno a la empresa pública Correos, ocasionando un grave deterioro al servicio postal público al que están dejando sin trabajadores y trabajadoras y hacia unos ciudadanos a los que están privando de recibirlo con calidad y con la periodicidad de cinco días a la semana».
Además, «y de forma absolutamente rechazable por inmoral», porque este sindicato afirma que los responsables de Hacienda, de SEPI y de Correos, «han llevado a cabo un recorte salvaje de empleo de 11.000 puestos menos en lo que llevamos de legislatura (3.000 más desde 2010), de los que 8.000 son fijos, 100 en la provincia, por la vía de la amortización, sin cobertura en la contratación, más trabajo y kilómetros y multivalencia funcional, y pese a negar cualquier contrapartida salarial e incumplir los acuerdos de empleo alcanzados con las organizaciones sindicales en el actual Convenio. Todo ello está provocando un aumento de la presión, del estrés y de las bajas y un claro perjuicio a la prestación del servicio a la ciudadanía».
