RDL 16/2012. Triste aniversario

[dropcap]S[/dropcap]e cumplen ahora tres años de la publicación en el BOE del Real Decreto Ley 16/2012, mal llamado «de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones» firmado por la ministra Mato, ministra entonces de Sanidad del Gobierno del PP. Ha sido sin duda el mayor ataque perpetrado contra el Sistema Nacional de Salud desde que se estableció por ley en 1986, con el agravante de que se hizo desde la más alta institución que debía de velar por la sanidad pública de nuestro país y con el arma más poderosa de la que se podía valer, el BOE. De toda la batería de medidas incluidas en dicho RD, la más grave se explicita en el Capítulo I que vincula el derecho a la atención sanitaria al aseguramiento y excluye de la misma a quien no esté asegurado, entre otros y fundamentalmente a los inmigrantes no regularizados. De esta forma se rompía con la filosofía de los modelos sanitarios como el español, que contempla el derecho a la atención sanitaria de todo residente en nuestro país, por el hecho de serlo, con cargo a los presupuestos generales del Estado (Ley General de Sanidad).

[pull_quote_left]Ha sido sin duda el mayor ataque perpetrado contra el Sistema Nacional de Salud desde que se estableció por ley en 1986, con el agravante de que se hizo desde la más alta institución que debía de velar por la sanidad pública de nuestro país y con el arma más poderosa de la que se podía valer, el BOE[/pull_quote_left]Desde entonces casi un millón de personas han quedado exluidos de una atención sanitaria normalizada, puesto que solo tienen garantizada la atención en Urgencias. Las CCAA “han trampeado” cada una a su manera, para intentar que el daño que podría producirse por esta medida no tuviera connotaciones de tragedia, como la que se vivió en Baleares con la muerte de un inmigrante con tuberculosis por falta de asistencia. El Grupo de Estudios de SIDA (GESIDA) ha realizado un informe en el que concluye que una parte importante de los médicos infectólogos ha tenido dificultades para la atención a los inmigrantes sin papeles, como consecuencia del RD y se hace eco de la disparidad de situaciones según las CCAA: “el resultado final, a tenor de los datos expresados en este estudio, es que el RD 16/2012 ha tenido un impacto negativo en la calidad de la práctica asis¬tencial y ha generado la existencia de profundas inequidades en el territorio nacional”. Dichos especialistas, de forma mayoritaria, afirman que esta situación es éticamente reprobable y conlleva un riesgo evidente para la salud pública de todos los españoles, al dificultar la asistencia a pacientes con posibles procesos infecto-contagiosos.

En las últimas semanas hemos tenido noticia de la firma de un documento de todos los grupos políticos, excepto PP y Ciudadanos, que compromete a los firmantes a cambiar el RD si acceden al Gobierno. Por otra parte, el propio PP ha planteado la posibilidad de facilitar la asistencia en Atención Primaria a los inmigrantes no regularizados, siendo esto un avance, es meridianamente insuficiente. Mientras tanto y dada la gravedad de la situación, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León propone que nuestra Comunidad siga los pasos de la de Navarra que dispuso que: “Todas las personas con residencia en Navarra tienen derecho de forma gratuita a la asistencia sanitaria primaria o especializada, prestada por el sistema sanitario público, con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, cualquiera que sea su edad, nacionalidad o situación legal o administrativa. A efectos de lo dispuesto, se entiende por “residencia” el hecho de acreditar, por cualquier medio admitido en Derecho, incluido el empadronamiento, que el domicilio de la persona está en un municipio de Navarra, sin atención a tiempo alguno”. Es de justicia.

Aurelio Fuertes.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Salamanca

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