El Ayuntamiento de Salamanca ha ayudado a 343 familias en riesgo de desahucio a mantener su vivienda desde la creación de la Oficina de Interlocución para Personas en Riesgo de Insolvencia Hipotecaria en noviembre de 2012. Ninguna de estas personas ha sido desahuciada por ejecución judicial. Cualquier rotonda cuesta el doble.
Desde la puesta en marcha de esta nueva línea de ayudas en noviembre de 2013, el Ayuntamiento ha ayudado con 277.008 euros a 127 familias, lo que supone una media de 2.181 euros por caso.
Esta oficina, puesta en marcha en coordinación con la Junta de Castilla y León, informa y asesora a las familias, a la vez que realiza una intermediación directa con las entidades financieras, tratando de buscar soluciones adaptadas a la capacidad económicas de la personas con dificultades.
Este servicio de intermediación y asesoramiento, al que se puede acceder a través del teléfono 012, se completa con una línea de ayudas económicas extraordinarias para familias en situación de emergencia, con todos sus miembros en paro, con escasos ingresos y que no puedan hacer frente al pago de la hipoteca.
Ayudas extraordinarias
Pueden acceder a estas ayudas extraordinarias, que ascenderán a un máximo de 3.195 euros anuales, las familias salmantinas en situación de emergencia social, con todos sus miembros en paro, con escasos ingresos (entre 7.668 y 11.502 euros anuales dependiendo del número de miembros de la familia) y que no puedan hacer frente a la hipoteca.
Estas cantidades económicas se destinan, por ejemplo, al pago temporal de la cuota hipotecaria, para que la cuantía libre de que disponen las personas les garantice atender sus necesidades básicas, o a los gastos ordinarios de renovación de préstamos hipotecarios o resolución de los mismos en caso de dación en pago (tasación, notaría, gestoría y registro).
Estas ayudas también podrán financiar la puesta al día respecto a cuotas vencidas cuando esta deuda imposibilite los acuerdos con las entidades bancarias o el levantamiento de embargos de pequeña cuantía anotados como cargas registrales que impidan la renovación del préstamo hipotecario.
