Los contratos de financiación para la compra de un automóvil que ofrecen los concesionarios rara vez salen a cuenta, e incluso pueden incluir condiciones abusivas, como advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), al tiempo que anuncia una campaña para ayudar a reclamar a los afectados.
El primer concepto reclamable es la propia publicidad del préstamo, que suele resultar engañosa. “Un vehículo financiado nunca va a resultar más económico que pagándolo al contado: por ejemplo, un descuento de 3.000 euros en un coche que cuesta 30.000 euros con el requisito de financiar un préstamo con una TAE del 14% supone terminar pagando casi 4.500 euros más que si se hubiera comprado pagando todo al contado”, explica la OCU.
Pero es que además el interés aplicado puede ser “usurario”. Por ejemplo, un préstamo de 20.000 euros a 5 años con TAE al 15% declarado nulo por superar notablemente el tipo medio del mercado del año de la contratación supondría la devolución de todos los intereses ya pagados: 7.960 euros.
También podría resultar abusiva la obligación de contratar otros productos y servicios: la imposición de un seguro con una determinada entidad o, directamente, la contratación sin el consentimiento expreso del consumidor, determinaría la nulidad de la cláusula y la devolución del importe adelantado.
Y no son raras las comisiones de apertura “desproporcionadas, de hasta un 3,95% sobre la cantidad prestada, cuando el porcentaje máximo admitido para estos casos suele rondar el 1,5%”, advierte OCU.
Condiciones contrarias a la normativa
“Lamentablemente, la lista de cláusulas y condiciones contrarias a la normativa de protección al consumidor es extensa”. Entre ellas, la organización de consumidores señala la ejecución anticipada del préstamo por el vencimiento de un solo impago; la reclamación de posiciones deudoras con cuantías a tanto alzado; los pactos de descuento a cambio de la no amortización del préstamo; los pactos de retroventa con un contrato de arrendamiento; o, simplemente, “contratos con un tamaño de letra tan pequeña que resultan casi imposibles de leer”.
En definitiva, ante la variedad de las malas prácticas observadas, la OCU anima a los afectados a unirse a su campaña contra las cláusulas abusivas de los contratos de financiación y confirmar si tienen derecho a recuperar el dinero injustamente pagado o reducir el importe de los pagos pendientes.
Asimismo, la OCU insta al Ministerio de Consumo para que la transposición de la nueva Directiva 2023/2225 sobre los contratos de crédito al consumo prevista para noviembre recoja una regulación específica de los préstamos para la adquisición de vehículos. Propone llevarlo a cabo a través de los concesionarios, para que estos garanticen la transparencia de los contratos, “empezando por la obligatoriedad de comparar el coste total de la financiación con el pago al contado, y siguiendo por el refuerzo de los mecanismos de control que garanticen que el consumidor reciba una información completa y correcta, así como la imposición de sanciones administrativas ejemplares en caso de detectarse abusos”. Del mismo modo, la entidad solicita fijar unos tipos de interés máximos para los préstamos, una posibilidad que contempla la citada directiva.
