[dropcap]C[/dropcap]omo ya es sabido, una de las bases fundamentales de la responsabilidad social corporativa o empresarial es el cumplimiento legal de los requisitos que afectan a las actividades de la compañía o institución, así como la coherencia con la normativa internacional de comportamiento. También lo son las políticas e instrucciones internas que aquellas desarrollan.
[dropcap]L[/dropcap]La nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en vigor desde el 8 de marzo de 2018, ha cambiado y ampliado de manera importante los requisitos y criterios de adjudicación, basándolos en la mejor relación coste-eficacia y calidad-precio. En ella se pretende incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato.
