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«Soy un juez vocacional y, hoy por hoy, no pienso meterme en política”, afirmaba el magistrado José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia en la polémica entrevista publicada el pasado viernes en “El Norte de Castilla”. Suponemos que lo que quería decir es que de momento no se plantea desembarcar en un partido político, porque lo que es meterse en política lo hace hasta las trancas en el transcurso de esa entrevista, en la que no se corta un pelo para descalificar una Ley en vigor, cuestionar una sentencia firme y unánime del Tribunal y Supremo y opinar sobre la oportunidad o no de aplicar determinadas prerrogativas constitucionales.

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Cuando, pese al intento de ocultación, se supo que la Junta había incrementado en 14 miembros su plantilla de personal eventual al servicio de los altos cargos (en su mayor parte asesores sin especificación de designación directa sin necesidad de ser empleados públicos) no se sospechaba que dicho cupo -cifrado ahora en 44 puestos supuestamente técnicos- fuera a ser utilizado para repescar a políticos descolocados en los pasados procesos electorales. No había precedentes de semejante instrumentación.

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Como ya sucediera en 2016, la repetición de nuevas elecciones generales constituye toda una fatalidad para determinados diputados y senadores que, elegidos por estrecho margen el pasado mes de abril, ven en serio peligro la posibilidad de renovar sus preciados escaños. Es el caso mayormente de casi todos los diputados de Ciudadanos y del único de Vox, así como el de varios senadores del PP y el PSOE que consiguieron el escaño por los pelos frente a otros candidatos del partido rival o del suyo propio.

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