Este sábado entró en vigor la nueva factura de la luz que deben enviar las eléctricas a sus clientes a partir de ahora.
El nuevo recibo trata de hacer más comprensible al ciudadano lo que paga y en qué concepto. Son tres: el coste de producción más el margen de comercialización; los costes regulados que el Gobierno carga a las operadoras y los impuestos.
Los costes regulados son los incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos, que recibirán el 36,28% de estos costes, un porcentaje mayor que el destinado al transporte, y la distribución de la energía eléctrica, que supondrán el 32,12%, y el 31,6%, de otros costes regulados, incluido el pago del déficit, que también se incluyen para ser abonados por los consumidores pese a que las compañías consideran que tendrían que ir con cargo a los presupuestos generales del Estado.
Emisiones de CO2
La factura que recibirán los usuarios estará compuesta por tres páginas en la mayoría de los casos y, además de informar sobre los costes, incluirá datos sobre las emisiones de CO2 que ha producido cada una de las fuentes que se han utilizado para generar la energía consumida por el cliente.
El nuevo recibo incluirá un gráfico con la evolución del consumo, los datos del contrato y un cuadro en el que se indican los momentos en los que se ha realizado la lectura, o qué parte se factura de forma estimada o con lecturas reales del contador.
[quote_center]NUEVA FORMA DE CALCULAR EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD
Con la nueva reforma eléctrica, el sistema utilizado para conocer el coste del kW en el mercado regulado cambia. Así, se deja de calcular el precio de la electricidad en función de las subastas Cesur, para basarse en el precio medio diario registrado por el mercado mayorista durante el periodo de facturación.
Frente al sistema anterior, que fijaba el precio de forma previa, el nuevo método hace el cálculo al final del periodo, según el coste real de la luz, vinculando el componente energético directamente con el mercado mayorista.
Así, dependiendo del tipo de contador que disponga el consumidor, este pagará el precio de mercado en cada hora de consumo (usuarios con contador inteligente) o el precio medio del mercado diario durante el periodo de facturación (usuarios con contador analógico).
En la actualidad, sólo 7 millones de hogares tienen contadores inteligentes, frente a los 16 millones que disponen de contador analógico. El Gobierno ha establecido en 2018 el año límite para que todos los usuarios cuenten con contadores digitales que permitan el cálculo del precio del kW por hora.
En enero, la antigua Tarifa de Último Recurso, a la que se encuentran abonados 16 millones de hogares con una potencia contratada de menos de 10 kW, pasó a llamarse Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Esta tarifa (con o sin discriminación horaria) la podrán seguir usando aquellos que estén en el mercado regularizado de la mano de alguna Comercializadora de Referencia (Gas Natural, Endesa, Iberdrola, HC-Naturgás y E.ON).
Además del mercado regularizado, los usuarios pueden elegir pasarse al mercado liberalizado, donde pueden elegir entre diferentes ofertas definidas por la comercializadora. Además, el Gobierno ha obligado a estas compañías a ofrecer tarifas anuales con un Precio Fijo del KW/hora que sólo se verán afectadas por las variaciones de los peajes de acceso. Una opción más sencilla pero que, al final, puede resultar más cara.
Los precios del mercado mayorista son más bajos que los fijados de manera provisional por el Gobierno para los 3 primeros meses del año; esto significa que las eléctricas, a partir del 1 de junio, deberán empezar a devolver unos 33€ al usuario medio. Sin embargo, y aunque el precio del kW pueda abaratarse un 4% al año, la parte relativa a la potencia contratada aumentó un 18% el 1 de febrero, suponiendo un incremento en el coste total.[/quote_center]
