El Grupo Municipal Socialista criticó este viernes la gestión de los servicios sociales por parte del equipo de gobierno y demanda acortar los plazos de espera desde que se pide el servicio de teleasistencia hasta que se instala el terminal en el domicilio de la persona dependiente. Por otro lado, los concejales han recibido numerosas quejas ciudadanas con respecto a la variación del coste del servicio.
Maribel Campos y Josefa Mena, concejalas del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, han calificado la gestión de los servicios sociales que realiza el equipo de gobierno como “lenta y mala”. El Grupo Socialista pide acortar los plazos de instalaciones del servicio de teleasistencia a personas dependientes, así como en el resto de servicios sociales en general.
Maribel Campos considera que estos plazos son “intolerables”, ya que las personas solicitan este servicio porque lo necesitan y las esperas pueden alargarse entre 2 y 3 meses. El equipo de gobierno solo hace excepciones con casos muy urgentes, en los que el servicio se instala a las 24 horas de ser pedido. Recientemente, las concejalas se mostraron a favor de prorrogar el servicio de teleasistencia por segunda vez, que se contrató en el año 2014 y continuará vigente hasta marzo de 2018.
Las concejalas afirman haber recibido numerosas quejas ciudadanas en este sentido y en referencia a otras ayudas de servicios sociales como las ayudas a embarazadas o para menores de 3 años. En cuanto a la teleasistencia, se han recibido quejas debido a que en enero los usuarios recibieron una carta en la que se informaba de un incremento en el precio del servicio. Campos asegura que el Ayuntamiento no ha valorado la situación económica de los demandantes desde el 2008 y que con las bajas pensiones de algunas personas mayores no se puede hacer frente a subidas como esta, ya que normalmente este tipo de personas está pagando a la vez otros servicios como ayuda a domicilio o comida a domicilio.
Como solución, las ediles proponen exigir un incremento del acuerdo marco de servicios sociales de la Junta de Castilla y León para poder dotar a estos servicios de más recursos. También piden al equipo de gobierno que exija a la empresa concesionaria, Atenzia, que actúe con más inmediatez, ya que consideran que la culpa de la lentitud en los plazos no es de la empresa sino del Partido Popular que es quien lleva la gestión del servicio.
El precio del servicio de teleasistencia varía en función de los ingresos de los usuarios, que pagan desde 5 euros al mes. El Ayuntamiento paga a la empresa 19,23 euros por terminal, con lo cual se abona un total aproximado de 438.000 euros, ya que actualmente hay en torno a 1.500 usuarios que están siendo atendidos.
En una comparecencia posterior, la concejala de Familia y Bienestar Social, Cristina Klimowitz, argumentó que este servicio está regulado por una ordenanza comunitaria que ha sufrido una modificación por la cual se han actualizado los datos de renta de los usuarios. Por ello, el coste del servicio ha aumentado en casos en que la situación económica y patrimonial ha cambiado a mejor. Klimowitz añadió que es un servicio que se da “a plena satisfacción de los usuarios”, pues el 98% de los encuestados aseguran estar “muy satisfechos”. El proceso de valoración de la urgencia de los casos lo realizan los CEAS.
Texto: Paula Castro Morán
