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La empresa que gestiona la OMIC está implicada en una trama del PP de Galicia

El PP del Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado parte de la OMIC a una empresa gallega que está siendo investigada por la Fiscalía en el marco de la trama gallega relativa a los cursos de formación “fantasma”. Prosem Consultoría Estratégica, según denunció este miércoles Podemos Salamanca, es una empresa vinculada al Partido Popular que estaría implicada en la presunta comisión de delitos de estafa, falsificación de documentos públicos y contra la Hacienda Pública, en el marco de la denominada Operación Qátedra, en la que han sido detenidas e investigadas hasta la fecha 29 personas (trabajadores, empresarios y administradores). La investigación a Prosem tuvo su origen en una inspección de la Agencia Tributaria.

 

Los investigadores se preguntan cómo en Lalín, una localidad pontevedresa de apenas 20.000 habitantes, una pequeña empresa fundada en marzo de 2011 con 3.210 euros de capital social ha generado una gran cartera de contratos con la Administración, llegando a facturar 800.000 euros en uno de los años objeto de investigación y obteniendo contratos en Galicia, Madrid, Valencia o Extremadura.

Según Podemos, la adjudicación de este contrato para prestar cursos de formación a una empresa implicada en una trama de corrupción «eleva las sospechas sobre la gestión de Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca y actual presidente del Partido Popular de Castilla y León».

La Oficina Municipal de Información a los Consumidores (OMIC) es un servicio público que los ayuntamientos prestan para “atender, asesorar e informar a los consumidores en aquellos temas relacionados con el consumo de bienes y la utilización de servicios”.

Los ayuntamientos pueden prestar el servicio de la OMIC directamente mediante empleados públicos, pero en abril de 2015 el Ayuntamiento de Salamanca inició un proceso «encubierto» de privatización, licitando un contrato de servicios para la realización de acciones de mediación, formación, información y sensibilización a consumidores y usuarios en materia de consumo. La duración del contrato es de cuatro años (dos años prorrogables), por un precio de 151.008,00 euros (37.752 euros por cada año), prórroga que tendrá que decidirse próximamente.

El argumento que esgrimido por el equipo de Mañueco para justificar esta contratación fue la necesidad de crear un servicio especializado en la gestión de las comunicaciones electrónicas: “Se trata de un servicio de apoyo especializado en la gestión de la e-comunicación, una iniciativa que desarrolla la OMIC y que ha logrado reducir los tiempos de respuesta notablemente, tanto en procesos de mediación, como en reclamaciones”, aclaró el equipo de Gobierno del Partido Popular por aquel entonces.

Sin embargo, hasta la fecha se desconocen los servicios de administración electrónica que esta empresa ha creado para mejorar el desempeño de la OMIC, según denuncia Podemos Salamanca. Además, el objeto del contrato trasciende la prestación de estos servicios de gestión de los procedimientos electrónicos y parece abarcar la realización de cursos de formación y actividades de mediación.

Los investigadores se preguntan cómo en Lalín, una localidad pontevedresa de apenas 20.000 habitantes, una pequeña empresa fundada en marzo de 2011 con 3.210 euros de capital social ha generado una gran cartera de contratos con la Administración, llegando a facturar 800.000 euros en uno de los años objeto de investigación y obteniendo contratos en Galicia, Madrid, Valencia o Extremadura.

Las justificaciones

El Ayuntamiento, a través de una nota de prensa, dijo que los servicios de mediación, formación, información y sensibilización de la OMIC «están adjudicados a la empresa con mayor puntuación según la valoración realizada por los técnicos municipales». Siempre los técnicos municipales por el medio, nunca los políticos.

En concreto, la empresa adjudicataria hizo «la oferta económica más ventajosa para el Ayuntamiento», añade la nota.

Eso sí, reconoce que entre los objetos del contrato figuran «la programación de actividades de educación y formación dirigidas a la población escolar; realización de charlas y diseño de material informativo dirigido a formar y concienciar sobre sus derechos como consumidores y usuarios a los colectivos ciudadanos más vulnerables; y puesta en marcha de actividades de sensibilización en torno a la conmemoración del día mundial de los derechos de los consumidores».

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