El juez Castro ha decidido sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, acusada de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
El juez asegura en su auto que Cristina de Borbón se benefició de los negocios turbios de su marido, Iñaki Urdangarín, con quien compartía al 50% la propiedad de la empresa Aizoon.
Castro finaliza así dos años de instrucción de una trama en la que el cabeza visible era Iñaki Urdangarín, que también será juzgado, junto a su esposa y a catorce imputados más entre personas relacionadas con su red de negocios y cargos de las administraciones de Baleares y de Valencia con las que realizaba lucrativos contratos en tiempos de Jaume Matas y Francisco Camps.
Aizoon, la empresa de los Duques de Palma, facturó seis millones de euros a los gobiernos de Baleares y de Valencia por la organización de eventos que costaron dos. Recibió los contratos a través del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro (así consta en los registros), desde el que posteriormente se desviaba el dineros a Aizoon, empresa de la que Urdangarín y la hermana del Rey poseen el 50% cada uno de ellos.
Gastos particulares
El juez considera acreditado que una vez que el dinero estaba en las cuentas de Aizoon, los Duques de Palma realizaban gastos particulares que luego declaraban ante Hacienda como gastos de la actividad de la empresa.
Los abogados de los duques han anunciado que recurrirán el auto dictado este miércoles por el juez Castro.
El llamado caso Nóos surgió en el transcurso de la investigación del caso Palma Arena, que se abrió como consecuencia de una denuncia del gobierno de Baleares por el sobrecoste de la construcción del velódromo Palma Arena, que ese presupuestó en 48 millones de euros y acabó costando 100. En uno de los registros encargados por el juez aparecieron papeles que ponían de relieve las relaciones entre el Instituto Nóos y esta trama.
