Se trata de aquellas empresas que llevan electricidad donde las grandes compañías no consideran rentable
El Palacio de Congresos de Salamanca acoge el Congreso Anual de Cide durante dos días, en el que más de 200 pequeñas empresas energéticas y representantes de otras entidades y administraciones debatirán sobre el futuro del modelo energético de aquellas empresas que llevan electricidad a aquellos lugares donde las grandes compañías no consideran rentable.
“Somos muy pequeños, hay que reconocerlo”, comentó Gerardo Cuerva, presidente de Cide, pero “haciendo las cosas bien, el tamaño no importa”. Más de 200 compañías que llevan la electricidad a más de 500.000 usuarios a lo largo de todo el territorio nacional se han reunido en el Palacio de Congresos para debatir sobre su futuro en un mundo en el que tienen que competir contra grandes corporaciones. “Tenemos la experiencia de más de 100 años de funcionamiento y lo que hemos detectado es que dándonos la mano nos hacemos fuertes y podemos hacer cosas incluso mejores que las grandes compañías energéticas”.
“Venimos a reflexionar cuál será el futuro, porque muchas veces nos metemos en la vorágine del día a día y siempre hablamos del pasado o el presente, y yo creo que las compañías pequeñas venimos a debatir cuál es el modelo energético que se va a imponer en los próximos años”, explicó el presidente de Cide sobre el congreso. Quieren llamar la atención del Ministerio para dejar atrás las medidas que se pudieron en marcha en un clima de crisis y comenzar a mirar al futuro “e incentivar a las compañías a que se conviertan en los verdaderos pioneros en la gestión de la red de distribución”.
Al congreso también asistió Ricardo González, director general de Energía y Minas, quien afirmó su apoyo el proyecto de la mina de uranio de Berkeley y aseguró que está “recibiendo todos los permisos”. “En este momento faltan los relacionados con la planta de beneficios, que es cuestión de competencia estatal”, manifestó, “es una tramitación sujeta a actos debidos y con una regulación que exige tener multitud de autorizaciones”.
Sin embargo, no quiso valorar los posibles efectos en la salud de los ciudadanos, ya que “no corresponde evaluarlos a la Junta, sino al Consejo de Seguridad Nuclear”, concluyó González.
Por: Paula Castro