El Sindicato de Enfermería, Satse, de Castilla y León ha impugnado el decreto de la Junta de Castilla y León que regula los requisitos que deben reunir las residencias de ancianos de la Comunidad porque reduce el número de profesionales sanitarios con que deben contar esas residencias y empeora la atención que deben recibir los residentes, entre otras cuestiones negativas para esa atención sanitaria.
Satse, que ha presentado demanda contra el decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León -aprobado el pasado mes de julio-, considera que esta nueva normativa perjudicará notablemente la asistencia para los residentes de estos centros. Uno de los motivos es que en el decreto se habla de un número mínimo de profesionales establecido en función del número de usuarios, pero no de su grado de dependencia y sus dolencias, como sí establecía la normativa anterior.
Este decreto elimina la diferenciación entre dependientes y válidos, cuando no es lo mismo la atención sanitaria que precisan unos y otros: los primeros necesitan muchos más cuidados que los segundos, que generalmente ingresan en estas residencias por circunstancias sociales.
Asimismo, se reduce llamativamente el número de enfermeras y médicos con que deben contar estas residencias, de modo que tendrán una enfermera por cada cien residentes, en horario de media jornada y exclusivamente de lunes a viernes. Por este motivo, Satse se pregunta qué sucederá con las funciones que tiene que desarrollar una enfermera cuando no haya ninguna en el centro. ¿Las realizará personal sin la titulación requerida y sin competencias ni cualificación para ello? Esto siembra dudas sobre la calidad de la asistencia en esas condiciones y sobre si esta no se deteriorará por este motivo.
Satse alerta de la contradicción que supone que la puntuación para que una persona ingrese en una residencia pública esté ligada al grado de dependencia que presente, de modo que todas las plazas para las residencias públicas están destinadas a residentes con un alto nivel de necesidades sanitarias y de cuidados.
A la vez, el nuevo decreto establece que se eliminan las camas de las unidades de convalecencia (fruto de un acuerdo entre Familia y Sanidad) que estaban destinadas a cuidados de pacientes con un proceso agudo derivados de centros hospitalarios.
El decreto también deriva los cuidados sanitarios al centro de salud, cuando no hay nada regulado al respecto, y cuando además, repercutirá negativamente en la enfermería de Primaria, que añadirá a su trabajo en el centro de salud, el de estas residencias.
