La Fiscalía General de Schleswig Holstein, el estado alemán en el que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, fue detenido el pasado 25 de marzo, ha pedido este martes a la Audiencia Territorial de Schleswig que se tramite la extradición de Puigdemont a España. Se le acusa de los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos tras realizar un referéndum ilegítimo y se pide prisión preventiva por riesgo de fuga.
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, fue detenido el pasado mes en aplicación de la euroorden dictada por la justicia española. Este martes, parece que se va a dar inicio a su extradición a España, según la petición de la Fiscalía alemana, siempre que el tribunal así lo decida ahora. De los dos delitos de los que se le acusa, la Fiscalía ha señalado que «la acusación de rebelión contempla la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos”, destacando que en Alemania podría ser equivalente a alta traición.
En cuanto al delito de malversación de fondos públicos (y, añaden, de corrupción), también hay un equivalente en la legislación germana. No obstante, «no es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles”, según ha subrayado la Fiscalía.
La justicia alemana también ha querido destacar que, tras los enfrentamientos de carácter violento que tuvieron lugar el pasado 20 de septiembre de 2017 entre ciudadanos y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía advirtió de un posible aumento de las agresiones el día del referéndum. Una advertencia que Puigdemont desoyó, celebrando la consulta ilegal de todos modos y comprometiendo a los Mossos d’Esquadra para garantizar la libre participación de los catalanes en la votación.
Teniendo en cuenta que Puigdemont tiene antecedentes de escapar a otros países europeos ante el conflicto, el Ministerio Fiscal alemán subrayó la necesidad de su detención debido a un “riesgo de fuga”. Según la institución, medidas menos estrictas que la prisión preventiva no garantizan que el expresidente de la Generalitat permanezca en el país mientras se decide su extradición. Así lo decidió también el juzgado de primera instancia alemán al día siguiente de proceder a su detención, decretando prisión provisional mientras la Fiscalía estudiaba la petición de extradición.
Al mismo tiempo que la noticia de la tramitación de su extradición salía a la luz, la Mesa del Parlament decidía posibilitar que Puigdemont delegue su voto en otro diputado en los próximos plenos.
