La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide explicaciones a la Junta de Castilla y León, por la paralización de las concesiones de las jubilaciones parciales del personal laboral, a la que se acogerían unos 600 empleados públicos a lo largo de 2018 en la Comunidad, tras cumplir el requisito exigido de tener 61 años y 6 meses.
CSIF ha pedido una reunión “urgente” a responsables de Función Pública de la Junta, “para intentar desbloquear esta situación, o conocer los motivos de esa decisión unilateral por la que no se conceden las jubilaciones parciales. No puede ser que, reuniendo los requisitos establecidos en su día por la Junta y la Seguridad Social, con el cambio de normativa que hubo en abril de 2013, unos trabajadores se hayan podido jubilar parcialmente y otros no puedan hacerlo, sin ninguna explicación, y sin que se haya producido ningún encuentro previo o negociación con los representantes sindicales”. Hasta el momento, la Junta ha autorizado unas 2.400 jubilaciones parciales.
CSIF defiende esta concesión de la jubilación parcial del personal laboral por parte de la Junta, porque “además de reconocer el trabajo y el servicio realizado durante más de 35 años, también es un motor de creación de empleo que reduce las listas del paro, porque los trabajadores que cubren las jubilaciones parciales tienen que estar inscritos como desempleados en las oficinas de ECYL”.
CSIF considera que “si el motivo de la paralización de estas jubilaciones parciales, que tiene en vilo a unos 600 trabajadores en la Comunidad, es que la Junta tiene que cotizar un 5% más a la Seguridad Social, es una justificación insuficiente, ya que la administración autonómica también se ahorra unos 180 euros de media en la retribución de cada trabajador, en concepto de antigüedad y, por tanto, la administración no tiene mayores costes”.
