Un convenio ventajoso para la Casa de Alba

La Asociación «Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio» se congratula públicamente de la inminente apertura regular de las visitas guiadas al Palacio de Monterrey, un Bien de Interés Cultural que sin duda merece ser conocido interiormente, así como su patrimonio mueble y su historia. 

«Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio» recuerda que desde sus orígenes ha reclamado la visita por todos los públicos al patrimonio de la ciudad, incluyéndose entre esos bienes este palacio.

De ahora en adelante la gestión de dichas visitas recae en la Sociedad de Turismo que dirige el Ayuntamiento de Salamanca, se amplían los horarios, se hace pública la forma de conseguir entradas (aunque de una forma un poco precaria) y éstas tienen un coste que permita sufragar esa gestión y ese servicio. «Pero debemos lamentar que existan dudas razonables sobre el convenio suscrito por el Ayuntamiento con la Casa de Alba, motivadas porque no se ha dado a conocer, y si este pudo ser más beneficioso para la ciudad, recordemos que los salmantinos hemos invertido más de 200.000 euros en una propiedad privada cuyos dueños están obligados por ley y por su interés a mantener y conservar.

Considera que desde el Ayuntamiento de Salamanca se debería explicar por qué no se ha considerado que los salmantinos accedan a visitar este edificio en condiciones más ventajosas que el público en general o si, al menos, el Consistorio recuperará con creces la inversión realizada y la misma se destinará a cuidar o a disponer de más bienes patrimoniales, comenzando por los de propiedad municipal. «Si hubiese una política y un proyecto ambicioso para la recuperación del patrimonio, como parte de nuestra cultura e historia, sin duda éste debería ser apoyado, pero hoy día se carece de una planificación de tal magnitud como así evidencia el Plan de Gestión Integral», indica.

De igual forma, recuerda que el Ayuntamiento de Salamanca sigue sin liderar los deseos de los salmantinos, visitantes e incluso empresarios, «estableciendo una planificación para la pronta apertura de todos aquellos otros bienes culturales que incomprensiblemente permanecen cerrados al público, impidiéndose su conocimiento, vulnerándose la legislación, gozando de exenciones fiscales y manteniéndolos sin uso alguno».