- Dice que ha «acertado» con el contrato declarado ilegal por el Tribunal Supremo
- Ganemos pide al concejal Carlos García Carbayo que se marche
El PP del Ayuntamiento de Salamanca ha despreciado olímpicamente este viernes la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la ilegalidad de la adjudicación a Aceinsa de un contrato de 12 millones para el mantenimiento del alumbrado público en la ciudad del Tromes.
El Alto Tribunal indicó en julio en su sentencia que «no hay razón alguna para la adjudicación del contrato a Aceinsa», y condena al consistorio a pagar el 6% del valor del contrato a la empresa que competía con Aceinsa (unos 700.000 euros).
El teniente de alcalde y concejal de Fomento, Contratación y Patrimonio, Carlos García Carbayo, dijo que, pese a las decisiones judiciales, la decisión del equipo de Gobierno del PP «ha sido un acierto, cuestiones legales aparte».
Esta expresión, despreciando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la subsiguiente del Tribunal Supremo desestimando el recurso del Ayuntamiento a la primera (lo cual nos costará otro dinero), llevó al concejal de Ganemos, Gabriel Risco, a decir que «esto debe llevarle a salir de este Ayuntamiento».
Risco le reprochó su ligereza cuando estamos ante «presuntos delitos de malversación y de beneficiar a empresas amigas con las que no hay que cumplir la legalidad en materia de adjudicación de contratos. Tratos de favor y despilfarros que paga la ciudadanía».
Añadió que «Salamanca se merece un gobierno municipal distinto. Váyanse. Afirman que no hay que cumplir la ley con los amigos y son implacables con el resto», le espetó.
García Carbayo dijo que la oferta de la empresa que se quedó sin contrato para dárselo a Aceinsa, operación sancionada por la justicia, costaría 370.000 euros más al Ayuntamiento.
Añadió que Aceinsa incluyó 450.000 euros más que su rival en «mejoras» sin coste para el Consistorio las cuales, a su vez, permitieron ahorrar 55.000 euros en luz.
Esto le llevó a afirmar, sin ningún reparo, que «si no hubiéramos aceptado la oferta de Aceinsa habríamos perdido 870.000 euros». Cuestiones judiciales aparte, claro.
No obstante, Ganemos considera que durante los últimos años el PP habría beneficiado presuntamente a Aceinsa en detrimento de los intereses públicos, permitiéndole desde 2011 una rebaja del 10% sobre el precio de licitación, cuando en 2018 esa rebaja fue del 28%. Eso supone, según la agrupación de electores, que con la prórroga declarada «ilegal» del contrato, Aceinsa “se ha beneficiado ilegalmente de 820.654 euros”.
Lo que tampoco admite García Carbayo es que acaban de condenar al Ayuntamiento a pagar 700.000 euros en concepto de indemnización a Etralux por esa adjudicación ilegal, aunque la empresa renuncie al total por circunstancias que «habrá que ver», según dijo el edil socialista Arturo Ferreras.
Carbayo añadió que «el juzgado de lo Contencioso de Salamanca nos dio la razón y nos la quitaron el Tribunal Superior de Castilla y León y el Tribunal Supremo. Al final, los que hemos tenido razón somos nosotros». Y tan ricamente.
Este debate se suscitó en el pleno municipal de este viernes, donde se aprobó la adjudicación a Aceinsa del nuevo contrato para mantenimiento del alumbrado público por valor de 10 millones de euros (a razón de dos por año más las modificaciones que se añadan para al final acabar trincando lo que rebajan inicialmente para llevarse la licitación).
