La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) incoó un total de 505 expedientes por la presencia de pozos ilegales en los últimos cinco años, de los que el 40 por ciento se localizaron en la provincia de Valladolid, con 200. Además, a fecha de hoy, el organismo que preside Cristina Danés contabiliza 72.040 aprovechamientos de agua inscritos, totalmente legales, en el Registro de Aguas y Catálogo de Aguas Privadas.
La presencia de estas infraestructuras, que ha elevado al sensibilidad social en los últimos días por el dramático suceso ocurrido al niño Julen en Totalán (Málaga), ha provocado un “aluvión” de consultas al organismo de cuenca por parte de ayuntamientos y participares que han detectado pozos y sondeos en el campo y no saben como actuar, según aseguró el comisario de Aguas de la CHD, Ignacio Rodríguez, quien admitió esa “preocupación” por parte de los ciudadanos.
En la cuenca del Duero, 200 de esos expedientes abiertos por la detección de pozos ilegales se han producido en Valladolid, la provincia con la cifra más alta con diferencia, según pudo saber la Agencia Ical. La mitad de ellos, 109, se registró sólo en un año, 2017, ejercicio que contabilizó el récord también a nivel regional, con 172 de los 505.
Además de en esta provincia, la CHD incoó 91 expedientes en Zamora; 60 en Ávila; 43 en Salamanca; 38 en Palencia; 23 en León y en Burgos, en cada caso; 22 en Segovia; tres en Soria; y dos en Orense, provincia con parte de su territorio dentro de la Confederación Hidrográfica del Duero. Dar con este tipo de pozos es una tarea ardua de la que se encargan los agentes del Seprona, pero también los guardas de la Confederación. Actualmente, se contabiliza uno por cada 1.300 kilómetros lineales de ríos y por cada 1.200 kilómetros cuadrados. Las sanciones son en su mayoría leves, que pueden llegar hasta los 10.000 euros. La media en la cuenca se estima en unos 3.000 euros por cada caso.
Por todo ello, y como aviso a navegantes, Ignacio Rodríguez recomendó a quienes cuenten en algún terreno de su propiedad con este tipo de infraestructuras, que “adopten las medidas necesarias para que sean inaccesibles y nadie pueda caer”. Así, recordó que si se encuentran fuera de uso, “que los sellen”, y si están operativos, “que se señalicen y vallen u otros sistemas”.
De momento, dijo, los ayuntamientos “se están involucrando mucho” y han encontrado en las últimas semanas agujeros, sondeos y pozos que “no tienen claro de quiénes son y cuando se construyeron”. “Lo primero es adoptar medidas de seguridad y después ya haremos las investigaciones, que en ese caso es secundario”, matizó Rodríguez, quien sostuvo que una vez dado ese paso se pueden dirigir a la Dirección General de Energía y Minas de la Junta y a la propia CHD, donde se les informará “si están legalizados o no, si están en uso o no”. Y también se les explicará cómo regularizarlos en el caso de que no lo estén.
Además, el organismo de cuenca tiene contabilizados 72.040 aprovechamientos de agua legales. Salamanca, con 15.060, una quinta parte del total, es la que más pozos ‘legales’ dispone. Le siguen Zamora, con 13.853; León, con 11.892; y Valladolid, con 9.589. Por debajo, las provincias de Segovia, con 7.239 pozos, Burgos, con 5.188, Ávila, con 4.424, Palencia, con 3.054, y Soria, con 1.553. A ellos se suman otros 182 en Orense y seis en el espacio de la Comunidad de Cantabria, al norte de Palencia.
Licencias
En la actualidad, el proceso de licencias para pozos y sondeos cuenta con un protocolo a seguir en base a cada solicitud. Así, las confederaciones hidrográficas otorgan el uso privativo de las aguas (en este caso las subterráneas) que forman parte del dominio público hidráulico y que se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa. La CHD recordó que para obtener una concesión de aguas es necesario presentar ante el organismo un proyecto o memoria en el que se determinen las obras e instalaciones necesarias, así como la justificación de los caudales a utilizar y los plazos de ejecución. Los modelos de solicitud se encuentran en la página web www.chduero.es.
En todo caso, el organismo matizó que “no” concede autorizaciones para realizar pozos o sondeos, sino que hay que obtener resolución del Servicio de Minas de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, que aprobará el proyecto.
Posteriormente, las solicitudes de concesión para hacer uso del aprovechamiento de las aguas subterráneas se estudian caso a caso y se valora su viabilidad conforme a las previsiones establecidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación, en función de la disponibilidad de recursos.
Competencias
El texto refundido de la Ley de Aguas establece que la policía de las aguas y demás elementos del dominio público hidráulico, zonas de servidumbre y perímetros de protección se ejercerá por la Administración hidráulica competente, es decir, la CHD. En función de estas competencias, respecto al aprovechamiento de aguas subterráneas, se establece que el concesionario “está obligado a tener las obras e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcanzar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios a otros concesionarios”.
También deberá llevar un “control e inspección” del aprovechamiento, orientado fundamentalmente a “evitar abusos y para que se realice un uso racional, cumpliendo las condiciones en cuanto a volumen extraído y tipo de usos solicitado”, que en el caso de usos de regadío debe aplicarse sobre la superficie concreta de la finca para la que se solicita la concesión.
Por último, el concesionario debe cumplir la normativa vigente en materia de minas, incluida la relativa a seguridad minera. La CHD explicó al respecto que cuando se da de baja un aprovechamiento de aguas subterráneas se impone la condición de la clausura “de forma definitiva” del pozo, mediante el sellado, con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno del mismo. También se obliga a la retirada completa de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado.
