- El contrato del bus ya se ha anulado pero la empresa se ha embolsado 59 millones mientras ha durado el pleito
- En la sombra de este contrato y el de las guarderías aparece la figura de Arturo Fernández, condenado por las tarjetas black
La gestión de la adjudicación de los contratos de las guarderías municipales y de los autobuses urbanos de Salamanca se ha visto salpicada por actuaciones al borde de la ley y de irregularidades manifiestas que en el caso del bus urbano han llevado a la justicia a anular la concesión. En el origen de la adjudicación de estos contratos aparece la figura de Arturo Fernández, expresidente de la Cámara de Comercio de Madrid, condenado por el caso de las tarjetas black.
La mujer de Ignacio González pudo contactar con Fernández Mañueco o su entorno para tratar de agenciarse el contrato de las guarderías municipales a través de Arturo Fernández, expresidente de la Cámara de Comercio de Madrid y condenado por las tarjetas Black e imputado en la Púnica quien presentó a Lourdes Cavero a Carmen Pazos, conocida de Mañueco y dueña de las guarderías de Salamanca, pero además 3 años antes, concretamente en el año 2013, los autobuses urbanos de Salamanca –a través de Salamanca de Transportes perteneciente al Grupo Ruiz- recibieron el 15 de febrero de 2013 una certificación de calidad por el servicio prestado, que la Cámara de Comercio de Madrid entrega al Ayuntamiento de Salamanca: Se trata de la norma UNE-EN13816 que certifica la calidad de todas las líneas del autobús urbano.
Esta certificación, la entrega en Salamanca el director general de la Cámara de Madrid, Miguel Garrido de la Cierva, al alcalde, Alfonso Fernández Mañueco.
En una foto publicada en la prensa se ve a Mañueco recibiendo la certificación junto al representante de la empresas concesionaria del servicio de autobús Salamanca de Transportes de Grupo Ruiz y a Miguel Garrido de la Cierva, director general de la Cámara de Comercio en aquel momento, (hoy secretario general del Ceim) que acumuló cargos públicos durante los gobiernos de Esperanza Aguirre, Gallardón y Cifuentes (consejero de Medio Ambiente, viceconsejero de Economía y viceconsejero de Empleo, además de presidente del Canal de Isabel II -igual de Ignacio González- donde llegó a gastar más de 200.000 euros en regalos en Navidad en un solo año).
El expresidente de la Cámara de comercio (Arturo Fernández condenado por las tarjetas black) y Lourdes Cavero (mujer de Ignacio González y la que quiso agenciarse las guarderías municipales de Salamanca), viajaron a la cumbre de los populares europeos en Marsella en 2011 y gastaron a costa de la cámara de Madrid más de 3.000 euros en hoteles de lujo y desplazamientos… casualmente contratados a la propia empresa de Miguel Garrido, ‘Viajes Eco’, director general de la cámara de comercio de Madrid presidida por Fernández.
en el año 2013, trabajadores de Lourdes Cavero y Arturo Fernández e Ignacio González, antes del caso de las guarderías, ya estaban haciendo llegar sus tentáculos a Fernández Mañueco y su entorno para tratar de influir en la adjudicación del contrato de transporte urbano
Nuevamente los amigos y familiares de Ignacio González se pasean por Salamanca, en este caso para entregar a Fernández Mañueco la única certificación de este tipo concedida en Castilla y León y, de paso, hacer presión para que el gran holding de Transportes, también con presencia en la Cámara de Comercio de Madrid, a quien pertenece Transportes Salamanca, se llevara el suculento contrato que iba a licitar en noviembre de ese mismo año el Ayuntamiento de Salamanca.
Es decir en el año 2013, trabajadores de Lourdes Cavero y Arturo Fernández e Ignacio González, antes del caso de las guarderías, ya estaban haciendo llegar sus tentáculos a Fernández Mañueco y su entorno para tratar de influir en la adjudicación del contrato de transporte urbano por autobús, que a la postre fue anulada por la justicia.
El procedimiento de licitación para la contratación del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús en Salamanca se publicó en el Boletín ‘Boletín Oficial de la Provincia’ (BOP) de Salamanca de 15 de noviembre de 2013 con un presupuesto de 11,8 millones por doce años, unos 142 millones de euros en total, lo que le convierte en el contrato de mayor presupuesto adjudicado durante la era Mañueco.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló en marzo de 2018 la licitación para la contratación del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús en Salamanca, por considerar que el equipo de gobierno del PP con Mañueco a la cabeza había vulnerado los principios de libre competencia e igualdad de trato y había adjudicado el contrato a sus amigos.
Globalia (propiedad de Juan José Hidalgo), que pretendía competir en 2013 con Salamanca de Transportes por dicho servicio, recurrió la adjudicación a Salamanca de Transportes.
Alegó, entre otras cosas, que se había vulnerado el principio de la libre competencia y que no se había cumplido el trámite de publicidad en el ámbito de la UE la licitación (11,8 millones por doce años, unos 142 millones de euros en total). El Ayuntamiento de Salamanca se limitó a colocarlo en el perfil del contratante de su web, a publicarlo en el Boletín de la Provincia y a poner un anuncio en la prensa local (afín).
Y el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl) le dio la razón en septiembre de 2016 diciendo que “la falta de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea supone la vulneración de uno de los principios fundamentales de la contratación pública en la medida en que constituye el medio a través del cual es posible dar cumplimiento al principio de concurrencia”.
Existían fundadas sospechas de que las bases del pliego de condiciones para la concesión estaban dirigidas a favorecer a la empresa que ya prestaba el servicio (empresa apoyada por la Cámara de Comercio de Madrid y sus sospechosos dirigentes en aquellos días).
Globalia denunció el “traje a medida” hecho por el PP a Salamanca de Transportes (que presta el servicio desde 1987) que se traduce en las cláusulas correspondientes a la duración del contrato, a la experiencia previa mínima exigida de cinco años en la prestación del servicio en ciudades de más de 150.000 habitantes y haber gestionado un servicio de bus urbano con más de 12 millones de usuarios en los tres años anteriores y, sobre todo, en el número o la cantidad de vehículos propulsados por gas exigidos en la flota de autobuses. Eso solo lo cumplía Salamanca de Transportes.
Globalia denunció el “traje a medida” hecho por el PP a Salamanca de Transportes (que presta el servicio desde 1987) que se traduce en las cláusulas correspondientes a la duración del contrato, a la experiencia previa mínima exigida de cinco años en la prestación del servicio en ciudades de más de 150.000 habitantes y haber gestionado un servicio de bus urbano con más de 12 millones de usuarios
La Sala de lo Contencioso del TSJCyL considera que la cláusula que obligaba a tener un determinado número de autobuses propulsados a gas “es innecesaria e injustificada para poder participar en la convocatoria”. Señala que al redactar esa cláusula “se atribuye una injustificada posición de ventaja a la anterior concesionaria, a la que se ajustan todos los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica, especialmente en un momento en que todavía no se había extendido la prestación del servicio con este tipo de autobuses, vulnerando los principios de libre competencia e igualdad de trato».
Globalia también recurrió la duración del contrato, fijada por Mañueco en doce años alegando para justificar ese aspecto que esa duración “está en concurrencia con la vida útil de los vehículos”.
El TSJCyL también le da la razón en este caso a Globalia porque “no es lo mismo un plazo de 10 años más la prórroga, si se dan las condiciones que señala el precepto citado, que la fijación de un plazo inicial superior y no resulta debidamente justificado el establecimiento de un plazo superior, como pone de relieve el TARCYL, por la amortización de capital en relación con una inversión excepcional en infraestructuras, material rodante o vehículos”. La ley de contratos de servicios públicos de autobús fija la duración máxima del mismo en diez años (prorrogables).
Por estos motivos, el TSJ declara «la nulidad del procedimiento de licitación para la contratación del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús en Salamanca” publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en noviembre de 2013.
El Consistorio -conscientes de la presunta ilegalidad cometida por Mañueco- no recurrió este fallo, pero sí la empresa favorecida por el PP con un contrato de 142 millones de euros, Salamanca de Transportes, que interpuso recurso de casación que ahora en febrero de 2019 acaba de inadmitir el Tribunal Supremo.
El Ayuntamiento de Salamanca tendrá que licitar de nuevo la contratación del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús en Salamanca, pero desde 2013 una adjudicación a un empresario amigo ha permitido que reciba durante 5 años, 59 millones de euros habiendo favorecido el beneficio ilícito a esta empresa.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en marzo de 2018 anuló la licitación, por considerar que la acción del equipo de gobierno encabezado por Alfonso Fernández Mañueco había vulnerado los principios de libre competencia e igualdad de trato.
Un proceso de licitación limpio habría dado lugar a una adjudicación del servicio por menos coste. La duda que queda es saber qué beneficio sacaron Mañueco o el PP de Salamanca (o alguno de sus integrantes) con estos enjuagues.
La cara oculta de la gestión del PP en Salamanca:
– Las amistades peligrosas de Mañueco
1 comentario en «Los enjuagues del Ayuntamiento de Salamanca con los autobuses: 142 millones en juego»
La vinculación de la Cámara de Madrid con el contrato, a través de una certificación de calidad, está un poco forzada. Además, se cita continuamente el importe de la adjudicación como si ese dinero fuera íntegro para los propietarios de la adjudicataria, que con él tienen que cubrir todos los costes de explotación: salarios, combustible, vehículos, etc. Es realmente noticiable la anulación de la adjudicación, que generará una indemnización a la concesionaria a cargo del Ayuntamiento, y las causas de la misma, pero eso no se explica bien en el artículo.