Foessa -Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada -cifra los hogares afectados por esta situación en un total de 87.720, con un incremento de un 3,9% entre 2013 y 2018
ICAL. La exclusión social severa registró un incremento de un 3,8 por ciento en los últimos cinco años en Castilla y León, hasta alcanzar a 213.749 personas al concluir 2018, lo que representa un 8,9 por ciento de la población total de la Comunidad, 2.409.164 habitantes. Así se pone de manifiesto en el VII Informe de la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), que se constituyó en 1965 con el impulso de Cáritas para conocer de forma objetiva la situación social de España.
En el informe consultado por Ical -que se realiza cada cinco años y fue presentado hoy en la sede de la entidad benéfica-, figura, además, que en la Comunidad la exclusión social moderada afecta a 154.164 personas, un 6,4 por ciento de la población con una bajada de un 4,4 por ciento respecto a 2013. En el apartado de integración social plena figuran 1.371.348 personas, un 56,9 por ciento, cifra que mejora un 7,5 por ciento la de hace cinco años, que era de 1.244.905 personas. Finalmente, en situación de integración precaria el último año había 669.903 personas, un 27,8 por ciento, cifra que cae un siete por ciento comparando con la de 2013, que era de 877.646.
En cuanto a la cifra de hogares afectados por exclusión severa el informe detectó en el último quinquenio un incremento de un 3,9 por ciento hasta un total de 87.720, frente a los 48.152 de 2013. A su vez, los hogares con exclusión social moderada se sitúan en 74.198, un 7,3 por ciento, con un descenso de 2,5 puntos porcentuales, al ser hace cinco años 100.588. En el apartado de integración social plena aparecen 574.811 hogares, un 56,4 por ciento, aumentando un once por ciento frente a los 488.778 de 2013, mientras que la cifra de hogares con integración moderada es de 282.271, bajando 10,5 puntos, ya que hace un quinquenio eran 393.682 los que estaban en esta situación.
En el informe nacional que ofrece datos sobre el nivel de integración social de la población y de los hogares se pone de manifiesto que un 18,4 por ciento de la población española (8,5 millones de personas) padece exclusión social. Esto significa que hay 1,2 millones de personas más en esta situación que antes de la crisis. De los 8,5 millones, casi la mitad, 4,1 millones, están en exclusión social severa por inseguridad de vivienda, desempleo persistente o precariedad laboral extrema. lo que supone un 8,1 por ciento de la población, cifra, no obstante, que es un 2 por ciento menor que hace cinco años, donde había casi 5,1 millones.
El informe, presentado en Cáritas en Madrid, subraya la necesidad de una «intervención urgente» sobre el grupo de los «expulsados», que dentro de esos excluidos suman 1,8 millones de personas (el triple que en 2007). Los datos de Foessa subrayan también que a esas penalidades pueden llegar otras muchas personas, pues dentro de la sociedad integrada hay una bolsa de ciudadanos que en el documento llaman la «sociedad insegura». Serían unos seis millones de personas, una ciudadanía «en el filo de la navaja» y en «la antesala de la exclusión», mientras otra buena parte de la sociedad integrada está mostrando «fatiga de solidaridad».
Tres bloques analizados
El estudio identifica tres bloques de riesgos sociales por la pérdida de calidad democrática, la desigualdad en diversas dimensiones y otros relacionados por los fenómenos demográficos. En el primero de ellos, Foessa advierte de que las personas con bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos electorales, pues se registran tasas de hasta el 75 por ciento de abstención en los barrios más desfavorecidos.
Asimismo, cada vez más se considera el empleo «como un privilegio y no como un derecho», pues tener trabajo ha dejado de ser garantía de prosperidad para muchas personas, ya que un 14 por ciento de quien trabaja está en exclusión social y el 15 por ciento de los hogares sufre inestabilidad laboral grave. A ello hay que añadir la «peculiaridad» de la exclusión en España respecto a los países del entorno, pues va de la mano de la mezcla de baja calidad en el empleo y costes elevados de la vivienda. El 37 por ciento de los excluidos del empleo lo es también en la vivienda.
Familia y niños, con mayor riesgo
Las familias con niños y la juventud están más expuestas a la exclusión social. Así, el 33 por ciento de las familias numerosas y el 28 por ciento de las familias monoparentales se encuentran en exclusión social y el 21 por ciento de todos los hogares con menores se encuentran en exclusión social. A estos indicadores, los investigadores añaden la conclusión de que la pobreza y las dificultades se heredan, pues los que se criaron entre dificultades duplican a los que no crecieron entre penurias, y es una tendencia que no para de crecer.
Las mujeres también están en desventaja, pues el informe calcula que una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre y, si es inmigrante, dos horas más. Asimismo, el 30 por ciento de las personas con discapacidad padece exclusión social y un 16 por ciento exclusión social severa.
Cambio sin precedentes
El coordinador del informe, Guillermo Fernández, recalcó durante la presentación del documento que «la exclusión social se está enquistando en España», pues la crisis ha provocado «un cambio sin precedentes en la sociedad», especialmente para lo que denomina «la sociedad estancada», un grupo de personas «para las que el ascensor social no funciona, ni es capaz de parar en la primera planta».
En concreto, denunció que los 4,1 millones de personas en exclusión social severa ven cómo «se ceba» con ellos, además de la desigualdad, «la invisibilidad de los partidos políticos». «Si los excluidos no votan, no entrarán en la agenda política». «No conozco ninguna campaña política que busque que los más pobres acudan a las urnas», lamentó. Por ello, vio necesario crear un nuevo escenario «de responsabilidades compartidas», donde Administración, empresarios, organizaciones e individuos entiendan que hay que implicarse «para que otros no se queden en la intemperie».
En la misma línea se pronunció el secretario técnico de Foessa, Raúl Flores, que aunque dijo que se percibe «cierta recuperación» no se llega a los estándares de 2007. Agregó que la familia, institución que ha sido el principal sustento ante la crisis, «se desgastó y quedó herida por el sobreesfuerzo» al estar «dando todo» durante la desaceleración. «Hoy las condiciones de vida son peores que las de hace 10 años«, dijo. En su turno de palabra, la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, subrayó la necesidad de «sacar a la luz» la realidad que viven las personas vulnerables en España, pero también de «transformarla», en la «dimensión de la caridad» de la Iglesia católica.
Este informe, que se publica cada cinco años, analiza el concepto de exclusión social a partir de 35 indicadores, y está basado en 11.600 encuestas familiares realizadas por Foessa en todas las comunidades autónomas españolas y analizado por 130 investigadores de más de 30 universidades españolas y 13 organizaciones de acción e investigación.
