El Consejo de Ministros, el primero que celebra el nuevo Gobierno, aprobó este martes un real decreto-ley para revalorizar todas las pensiones un 0,9 por ciento en este año y aplicar este incremento con efectos retroactivos a 1 de enero de 2020. El coste anual de esta medida es de 1.406 millones de euros.
ICAL. Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia tras la primera reunión del Ejecutivo de coalición. «Este Gobierno cumple así con el compromiso de garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo», afirmó Sánchez, y subrayó que al tener efectos retroactivos «no habrá ninguna merma de poder adquisitivo».
Además, avanzó que en el caso de que la inflación supere el 0,9 por ciento en este año, los pensionistas recibirán una paga compensatoria «antes de abril de 2021» para recibir la diferencia. «Está garantizada la revalorización de las pensiones, está garantizada la recuperación del poder adquisitivo», proclamó.
El nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lidera José Luis Escrivá, precisó que la subida beneficia a más de 11,1 millones de pensiones (9.801.016 pensiones contributivas, más de 655.000 de clases pasivas, 451.156 pensiones no contributivas y 195.000 hijos a cargo con discapacidad mayor o igual al 65 por ciento). De ellas, en Castilla y León se contabilizan 616.309 pensiones contributivas a fecha 1 de diciembre de 2019, que perciben de media 984,94 euros, 21.645 no contributivas y 54.102 de clases pasivas, que suponen un gasto aproximado de 94,6 millones de euros mensuales.
El coste total anual asciende a 1.406 millones de euros, correspondiendo la mayor parte a las pensiones contributivas (1.229 millones). Con esta subida, la pensión de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo -la más común de las pensiones mínimas- alcanza los 843,40 euros mensuales por 14 pagas.
Por su parte, la pensión máxima para este año se sitúa en los 2.683,34 euros al mes; la pensión del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) alcanza tras la revalorización los 437,7 euros mensuales, y las no contributivas quedan fijadas en 395,6 euros mensuales.
Desde el Ministerio indicaron que los atrasos correspondientes al mes de enero se incluirán en la nómina de febrero, ya que ha sido preciso el desarrollo de un aplicativo informático específico para el abono de la revalorización correspondiente al mes de enero.
Con esta decisión se lanza «un mensaje que corrige el techo del 0,25 por ciento adoptado en el paso y que supuso pérdida de poder adquisitivo», incidió el presidente del Gobierno, quien además puntualizó que dicho mecanismo que prevé esa subida mínima del 0,25 se adoptó «sin consenso» y «al margen del Pacto de Toledo».
De cara a la reforma para hacer sostenible el sistema de pensiones en el futuro, Sánchez señaló que «vamos a tender la mano a todas las fuerzas políticas» y a los agentes sociales para acordar «medidas justas, equilibradas, que permitan mejorar la protección de nuestros jubilados» y que ello sea «compatible» con la estabilidad presupuestaria. Sánchez también comentó que «en muy pocos días» se anunciarán otras decisiones.
