Apenas diez días después de la manifestación vecinal contra las casas de apuestas en las que se pedía al Ayuntamiento (que es el que en última instancia da las licencias, y esta vez sin dilaciones) que impidiera su asentamiento en los barrios o que se limitara su horario de apertura, el equipo de Gobierno del PP y Cs han echado balones fuera y dicen que esto es cosa de la Junta y del Gobierno central.
El Ayuntamiento de Salamanca instará al Gobierno de España a regular las casas de apuestas, el juego ‘online’ y su publicidad a partir de este viernes, cuando se apruebe la moción conjunta que los grupos Popular y de Ciudadanos, con mayoría en el Consistorio, llevarán al pleno del Ayuntamiento de Salamanca.
Así lo dieron a conocer este miércoles el portavoz adjunto del Grupo Popular, Daniel Llanos, y el portavoz del Grupo Ciudadanos, Fernando Castaño, quienes coincidieron en señalar que el juego es «una problemática global que no se puede atajar en ningún caso desde un punto de vista estrictamente local».
Por ello, los representantes de ambas formaciones políticas consideraron que «es necesario que se promulguen leyes que creen un marco normativo de regulación de las casas de apuestas y el juego ‘online’ por parte de las administraciones que tienen competencia para ello».
En ese sentido, ambos grupos políticos instarán al Gobierno de Pedro Sánchez a «que cumpla sus acuerdos», recordando que, el pasado 31 de enero, presidente y vicepresidente del Gobierno «firmaron un acuerdo en el que se comprometían, entre otras medidas, a controlar la extensión de las casas de apuestas e impulsar criterios homogéneos que regulen la apertura de de los locales de apuestas».
Por su parte, la Junta de Castilla y León también anunció la creación de una Mesa del Juego Responsable en la que, junto a los agentes sociales de la región, se debatirá sobre la necesidad de introducir modificaciones a la Ley del Juego de Castilla y León para adaptarlas a la nueva realidad social, así como el estudio y puesta en marcha de nuevas medidas en materia de formación, concienciación y detección de la ludopatía.
Por este motivo, tanto Llanos como Castaño señalaron que «carece de sentido regular el juego a través de ordenanzas municipales o instrumentos urbanísticos locales cuando este, por jerarquía normativa, está sujeto a la legislación vigente estatal, autonómica y europea».
