El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, confirmó este miércoles en Madrid que Castilla y León llevará al Ministerio de Hacienda ante los tribunales para reclamar el pago de los 142 millones de euros del IVA de 2017 que adeuda a la Comunidad. Mañueco explicó que, después de dar plazos y margen al Gobierno para hacerlo, “la paciencia se nos ha agotado” por lo que ya los servicios jurídicos y la Consejería de Economía y Hacienda están “trabajando” en esa reclamación ante los tribunales de Justicia.
“Nosotros hemos confiado en el Gobierno de España y le hemos dado plazos y margen” para que abonara a las comunidades autónomas los 2.500 millones del IVA de 2017, 142 a Castilla y León, señaló Fernández Mañueco al respecto antes de afirmar que ahora “la paciencia se nos ha agotado claramente”.
Por eso anunció que van a “defender” los intereses de Castilla y León ante los tribunales de Justicia y que para eso “están trabajando los servicios jurídicos de la Junta de la mano de la Consejería de Economía y Hacienda y en los próximos días tendremos conocimiento de los pasos que iremos dando”. En concreto, explicó que el recurso puede aún tardar “semanas” en ser presentado “porque probablemente haya que hacer una reclamación previa y luego ir a los tribunales de Justicia”.
Según dijo en el transcurso de un desayuno informativo que protagonizó en Madrid, la gota que colmó el vaso de la paciencia fue la reunión el pasado viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a la que acudieron los consejeros de todas las comunidades autónomas excepto una, Cataluña, porque “el día antes se había reunido el presidente del Gobierno de España con el presidente de la Generalitat y todos intuimos que ese asunto lo habían tratado de manera bilateral”. A su juicio, Pedro Sánchez no está actuando de manera adecuada “porque no está defendiendo la igualdad de todos los españoles”.
Asfixia autonómica
A juicio del presidente, en esa reunión del CPFF, no solo Castilla y León sino el conjunto de las comunidades autónomas, recibieron “un nuevo portazo del Gobierno moroso de España” que les debe en total 2.500 millones de euros por el IVA de 2017. “No podemos estar todos equivocados”, dijo, porque en esa reunión “también comunidades autónomas con gobiernos del Partido Socialista reclamaban en la misma línea lo que estamos reclamando desde la Junta”.
Mañueco aseguró que “el Gobierno de España está asfixiando a las comunidades autónomas” y está “paralizando la elaboración de los presupuestos” y “ralentizando la acción política de todos los gobiernos”.
En este sentido reclamó un nuevo sistema de financiación autonómica ya que “el que hay ahora es antiguo e injusto”. Ese nuevo modelo, explicó, debe “basarse sin duda en la población, pero teniendo también en cuenta criterios de dispersión geográfica, extensión territorial, el envejecimiento y la baja densidad de población”.
Reunión
Por eso considera “fundamental” que Pedro Sánchez “se reúna con todos los presidentes autonómicos, no sólo con algunos”, ya que hay que afrontar los “retos” que tienen pendientes todas las comunidades. “Desde Castilla y León no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie”.
Según explicó al respecto, ha pedido “muchas veces” a Sánchez una reunión que todavía no tiene fecha. “Estamos esperando a que otras cuestiones le alivien la agenda”, dijo con ironía, antes de añadir que el presidente del Gobierno debe visitar todas las comunidades y no solo una.
Sobre este asunto, Mañueco desveló que 48 horas después de formarse el nuevo Gobierno central, le telefoneó la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y le dijo que ella misma y el presidente del Gobierno visitarían la Comunidad, “pero no he vuelto a saber nada desde aquel momento”.
“La conversación con la ministra fue muy agradable”, dijo, “porque ella es muy educada y yo también lo soy”. En esa charla, añadió, le puso de manifiesto que el Gobierno de Castilla y León va a ser “leal y colaborador” con el Gobierno central, pero al mismo tiempo “exigente en la defensa de nuestros intereses”.
Además, le puso “dos líneas rojas” con la petición expresa de que “se las trasladara al presidente del Gobierno”. En concreto le dijo que consideran “inaceptable” que en “cualquier mesa o negociación” se ponga en juego la igualdad de los españoles y también que ponga “en riego por la vía de los hechos la ruptura constitucional”.
