Castilla y León

Los estudiantes protestan por la devolución de becas

Recuerdan que la educación es “un derecho”

La coordinadora estudiantil de Castilla y León calificó como “injusta” la situación generada por la modificación de los requisitos académicos establecidos para la obtención de becas universitarias, y que obligará a 4.704 estudiantes de la Comunidad a la devolución de sus ayudas. El “endurecimiento” en los criterios se traduce en que, en la actualidad, para obtener una beca estatal, un universitario tendrá que aprobar entre el 60 y el 90 por ciento de los créditos en los que se matricule, en función de la carrera, cuando antes se exigía aprobar entre el 50 y el 60 por ciento y asistir al 80 por ciento de las clases.

 

La coordinadora, formada por seis organizaciones estudiantiles de la comunidad -CEA y CES de Salamanca, Estudiantes en Movimiento León, EDUP y Alternativa Universitaria de Valladolid y AEPO, del Páramo y Órbigo (León)-, calificó como “injusta” esta situación así como los criterios establecidos para la obtención de estas ayudas.

Según trasladó el colectivo a través de un comunicado, “no se tiene en cuenta el contexto social y económico de los estudiantes y se obvia que miles de estos se ven obligados a trabajar para costearse sus estudios”. “Este tipo de medidas persiguen la elitización de la educación, ya que obligan a los estudiantes de clase trabajadora a abandonar los centros universitarios, tal y como viene pasando desde 2011”, señalaron. “No debemos olvidar que la educación es un derecho, y el Estado debe asegurar y garantizar que nadie, por motivo de su situación económica, pueda ser privado de estudiar una carrera” argumentaron.

Por último, las diferentes asociaciones integrantes de esta coordinadora exigieron al nuevo Gobierno que revierta todos los recortes educativos implantados durante el mandato del Partido Popular, que derogue la Lomce y que permita la realización de una ley educativa “justa”, que nazca de las aulas y que blinde la educación “como derecho”, construyendo un sistema de becas “que atienda a criterios económicos y no académicos, y que de esta manera se permita a la clase trabajadora acceder a estudios superiores”, sentenciaron.


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