El vertedero de Gomecello ya está lleno

La Junta de Castilla y León ha sometido a información pública la modificación sustancial y el estudio de impacto ambiental para la ampliación del CTR de Gomecello, que ya se ha llenado en apenas diez años de servicio.

Ecologistas en Acción asegura que el CTR no ha cumplido la función para la que fue construido (tratar residuos orgánicos e inorgánicos y tener un depósito de rechazos de una parte mínima de la basura) al no haberse acompañado de un modelo de gestión eficiente.

Señala que en este caso, como en otros casos promovidos por la Junta de Castilla y León, desde un punto de vista legal, “se vulnera el principio de jerarquía normativa según nuestro ordenamiento jurídico”.

La autorización ambiental del depósito de rechazos cuya modificación sustancial ahora se plantea, fue otorgada el 26 de mayo de 2005, como Proyecto de interés Regional para la instalación de un Centro de Tratamiento de residuos Urbanos para la provincia de Salamanca en el término municipal de Gomecello. Por tanto “si se pretende modificar una autorización otorgada por ley, deben ser las Cortes de Castilla y León las que promuevan dicha modificación y no la Administración Regional la que lo haga”, ha explicado José Ramón Barrueco, miembro de Ecologistas en Acción de Salamanca.

Recuerda una Providencia de 17 de febrero de 2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ha inadmitido el recurso de casación de la JCyL contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba en firme la exención de licencia ambiental concedida hace dos años por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las explotaciones ganaderas intensivas, “quedando así confirmado que no era posible modificar la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León mediante el decreto de condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas, porque invadía la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico”.

Cese del consejero

Ecologistas en Acción ha pedido, una vez más, el cese del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Suárez Quiñones, juez en excedencia, por considerar que es “incapaz de observar la más elemental legalidad en las disposiciones de su Consejería en relación a materias como la participación ambiental, la caza, la conservación del lobo, la quema de rastrojos, la contaminación atmosférica o las actividades clasificadas, en las que ha recibido numerosas sentencias contundentes de los tribunales de la comunidad”.

Por otro lado, los ecologistas indican que la ampliación propuesta del depósito de rechazos excede la ocupación máxima del 40% establecida por la ley, al ocupar 174.817 m2 de los 395.249 m2 que tiene la parcela del vertedero.

Recalca la “pésima gestión” de los residuos en la provincia, al necesitar una ampliación cuando sólo ha transcurrido poco más de una década de su puesta en marcha.

Lo ocurrido en el vertedero industrial de Zaldibar (Vizcaya) ha puesto de relieve “la situación caótica de la recogida y tratamiento de los residuos en nuestro país”.

Ecologistas en Acción está convencido que la única manera de parar la ingente cantidad de residuos es “mediante la concienciación de la población (reducción-reutilización), la reducción del consumo y la apuesta responsable de las administraciones por del sistema Retorna que apuesta por el depósito, devolución y retorno de envases frente al modelo privado de reciclaje en iglús de Ecoembes que se ha demostrado inútil para frenar la generación de residuos e ineficaz para lograr un cambio que a largo plazo beneficie a la población, más bien al contrario. Los datos de reciclaje están estancados y la cantidad de basura sigue aumentando”, concluye la organización ecologista.