UGT ha solicitado a la Fiscalía la apertura de investigaciones en 18 residencias de mayores de la Comunidad, doce públicas y seis privadas, con el fin de esclarecer lo ocurrido en estos centros y el alto número de fallecidos y contagiados por el Covid-19. En Salamanca pide que se investiguen los centros de minusválidos psíquicos de Tejares y de Béjar.
Al mismo tiempo, ha remitido una carta a todos los grupos parlamentarios de las Cortes solicitando la creación de una comisión de investigación en el Parlamento Autonómico que aclare las “numerosas dudas” que rodean en este asunto a la gestión de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, aseguró hoy que aunque la crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto que el modelo de residencias de personas mayores de la Junta ha fracasado, “nosotros no pretendemos ahora hacer una causa general, por lo que hemos planteado a las fiscalías provinciales denuncias individualizadas”.
En este sentido, Pérez Urueña denunció la falta de transparencia de la Consejería de Familia, su silencio ante las diferencias demandas solicitadas por UGT desde el inicio de la pandemia, así como su falta de diálogo.
En Valladolid, además de seis residencias privadas, el sindicato ha solicitado que se investigue también la gestión en los dos centros dependientes de la Diputación Provincial -Cardenal Marcelo y Doctor Villacián- y en la residencia de Parquesol. En la provincia de Zamora son dos residencias en la capital -’Tres Árboles’ y ‘Virgen del Yermo’- y una en Benavente -Los Valles-. En León se trata de la residencia ‘Armunia’, en Segovia de las residencias mixta y asistida, y en Salamanca del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos de Tejares, en la capital, y de su homólogo en Béjar.
Además, en las próximas horas se presentará otra denuncia sobre una residencia pública de Soria y Pérez Urueña recalcó que no se descartan más denuncias en función de la recopilación de información que UGT está realizando mediante los delegados sindicales y los trabajadores.
Mascarillas
Al mismo tiempo, el sindicato ha elevado al Procurador del Común una petición para que abra una investigación sobre las miles de mascarillas no homologadas que las consejería de Sanidad y Familia repartieron entre los trabajadores, a pesar de la sospechas de que no reunían las condiciones de seguridad adecuadas. Pérez Urueña, que calificó de “escandaloso” el reparto de estas mascarillas, recalcó que “que estamos obligados a convivir con esta enfermedad, por lo que necesitamos una información clara y transparente en todos los niveles”.
Por su parte, el secretario de Autonómica de la FeSP-UGT, Julio César Martín, también criticó la pasividad de la Gerencia de Servicios Sociales, tanto a la hora de facilitar equipos de protección individual, como a la hora de establecer protocolos de actuación, y alertó de que ya hay centros en los que no se están facilitando batas de protección a los trabajadores.
A su vez, denunció el nulo compromiso de las mutuas privadas en toda la crisis y criticó que, a pesar de las numerosas bajas entre los trabajadores, las nuevas contrataciones ha sido “demasiado justas”.
Por último, la secretaria de Dependencia de la FeSP-UGT, Fonsi Bonfonte, lamentó que el 70 por ciento de los fallecidos en la Comunidad correspondan a residencias de mayores y que haya tenido que ser un virus “el encargado de destapar años de silencio en un sector en el que de forma sistemática se ha venido vulnerando el derecho de los trabajadores”.
