La Plataforma de afectados por la Gestión de las Residencias Geriátricas de Castilla y León se constituye para reunir a familiares de afectados, trabajadores y personas de la sociedad civil, que consideran que las más de 2.500 personas fallecidas en estos centros de la Comunidad, los contagiados y los empleados han sido víctimas de una gestión «deficiente» de la pandemia del COVID-19.
En un comunicado, esta Plataforma explicó que pretende arrojar luz sobre aquello que ha sucedido en las residencias de Castilla y León, así como colaborar a dilucidar responsabilidades, jurídicas, profesionales e institucionales, por la nefasta gestión de la pandemia del COVID-19 en las residencias de Castilla y León. «Nos preocupan especialmente los documentos publicados por el diario.es el 19 de Mayo, en los que se ordenaba no trasladar a los ancianos de las residencias a los centros hospitalarios, por lo que afirman y por la procedencia de los mismos», afirmaron.
También denunciaron que cerca de un 78 por ciento del total de muertes en la Comunidad son personas procedentes de residencias, lo que remarcaron es una «tragedia que podría haberse evitado». Por ello quieren conocer los datos desagregados de la incidencia del Coronavirus en cada residencia, tanto públicas como privadas. También señalaron que una parte importante de los residentes de las residencias geriátricas son dependientes, y por ello vulnerables.
Por ello, la Plataforma hizo un llamamiento a toda persona que se haya sentido «impotente» ante la muerte, contagio o falta de información sobre la situación de familiares o amigos en residencias durante la alerta sanitaria por COVID-19. También pidió colaboración a toda persona, trabajadora de estos centros, o simplemente preocupada por la salud de la población mayor de Castilla y León.
«Somos conscientes de la dificultad de lograr explicaciones para cada caso concreto y de cada familia por separado, por lo que hacemos un llamamiento a unirse a esta lucha colectiva en toda Castilla y León», remarcaron sus promotores.
Igualmente, saludó la apertura de expedientes de investigación a varias residencias de Castilla y León por la Fiscalía, pero consideró necesario esclarecer las denuncias por falta de materiales de protección a los trabajadores presentadas por varios sindicatos. Por ello, demandaron que se abran diligencias por la gestión de la pandemia en las diferentes residencias, pero también «por las decisiones y órdenes adoptadas individual o colectivamente por los órganos de Gobierno de la Junta de Castilla y León, y por las consecuencias de las omisiones que correspondan del ejercicio de sus responsabilidades, políticas e institucionales, según las competencias legalmente atribuidas a los mismos».
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