La Fiscalía de Castilla y León ha archivado la denuncia presentada por el Defensor del Paciente contra las gerencias de Salud y Servicios Sociales de la Junta por el protoco interno para la atención sanitaria a usuarios de residencias de mayores durante la crisis del COVID-19. En el mismo se recogía que a los pacientes de las residencias sospechosos de sufrir coronavirus se les atendería sin necesidad de movilizarlos ni trasladarlos a los hospitales.
ICAL
En un decreto con fecha de este jueves de la fiscal superior de la Comunidad, Lourdes Rodríguez Rey, se indica que “sin perjuicio de la crítica legítima que desde el ámbito ciudadano pudiera hacerse al sistema de gestión de las residencias de mayores, desde la perspectiva puramente penal los hechos denunciados no tienen carácter delictivo”.
El Ministerio Público también argumenta que en uno de los momentos de mayor incidencia de la pandemia en Castilla y León, con un sistema sanitario “saturado o al borde del colapso”, los enfermos y residentes estuvieron sometidos a un control médico y sanitario gracias a la creación de los equipos COVID Residencias, que “se convirtieron en soporte sanitario de las residencias de ancianos”, por lo que la Fiscalía no aprecia la concurrencia de los requisitos que tipifican el delito de denegación de asistencia sanitaria o abandono de servicios sanitarios.
A su vez, se argumenta que analizada la documentación remitida por la Junta, y más allá de la recomendación que contiene en cuanto a que la asistencia médica se preste en las residencias de mayores y sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital, en los protocolos de la Junta no se establece la prohibición de traslado que sugiere la denuncia, “sino que la decisión de derivación de los residentes al hospital, cuestión puramente sanitaria, como no puede ser de otra manera, debía ser adoptada por los profesionales de la medicina que integraban los equipos COVID. “Criterios médicos son los que, en definitiva, decidían la hospitalización de mayores, como así se ha producido durante toda la pandemia”.
Por otra parte, las fiscalías de la Comunidad mantienen abiertas una veinte de diligencias penales por la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, al tiempo que han archivado ya 18, la mayoría interpuestas por sindicatos y asociaciones, según informó la Fiscalía General del Estado.
Por provincias, Valladolid se sitúa en cabeza con siete investigaciones en trámite, por delante de León, con cuatro y de Ávila y Palencia, con tres en ambos casos. En Burgos son dos y en Zamora, una.
A nivel nacional con 240 las que se están investigando por las fiscalías. Madrid se sitúa en cabeza con 107, por delante de Cataluña, con 46. Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (26) Castilla y León (20); Galicia (14); Extremadura (8); Baleares (2); Andalucía (3); La Rioja (1), Aragón (2); Navarra (1); Asturias (1); Canarias (1) y Valencia (2).
