El Ayuntamiento de Salamanca, que maquilló su superávit, pierde la ocasión de recibir un dineral del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, firmaron este lunes en La Moncloa el acuerdo para que los ayuntamientos puedan disponer de sus superávits acumulados y poder enfrentar así la crisis del COVID-19. Los ayuntamientos que lo deseen podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno central para que una parte se devuelva de forma inmediata. Posteriormente, a partir de 2022, el Ejecutivo central revertirá a los municipios el cien por cien de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años. El Ayuntamiento de Salamanca, que maquilló de un año para otro el superávit pasando de 14 millones en 2018 a poco más de 2 en 2019, puede remitir su remanente al Gobierno y aprovechar esta oportunidad en lugar de retorcer el colmillo y no hacer nada. Incluso, aunque lo haga, ya habrá ocasionado un grave perjuicio a Salamanca. Queriendo engañar ha perdido una oportunidad de oro para sacar mucho dinero del Estado a fondo perdido y hacer cosas en la ciudad. De poder obtener más de 4 millones ahora solo puede optar a 0,7 millones a fondo perdido.

Grosso modo, si le cede el superávit al Gobierno, el Ayuntamiento de turno recibe el 35% de ese dinero a fondo perdido que podrá invertir en asuntos a los que ahora no puede dedicar sus ahorros, y luego la integridad de lo remitido al Ejecutivo en un plazo de diez años. Mediante esta fórmula, los ayuntamientos podrán destinar los recursos que les transferirá el Estado a aumentar los servicios para las personas mayores, dependientes o con discapacidad; reforzar el sistema de ayudas a domicilio y la teleasistencia; mejorar los servicios de atención para víctimas de violencia de género, construir y mejorar escuelas infantiles de 0 a 3 años, incrementar la vivienda en alquiler a precios asequibles, fomentar la movilidad sostenible y aprobar políticas de promoción cultural.

Las entidades locales que lo deseen constituirán voluntariamente un préstamo a favor del Estado por el total de sus remanentes de tesorería. El Estado les realizará un ingreso no financiero por importe, como mínimo, del 35% de los fondos aportados, que incrementará hasta totalizar 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes. Además, Hacienda les devolverá el importe íntegro del préstamo en un plazo de 10 años a contar a partir de 2022.

Devolución íntegra

Por lo tanto, los ayuntamientos recibirán la devolución íntegra de sus remanentes y, además, contarán con una movilización adicional de 5.000 millones de euros repartida entre los años 2020 y 2021. El objetivo del Gobierno es agilizar al máximo la transferencia a los ayuntamientos de estos recursos para que afronten los efectos provocados por el COVID-19.

Los municipios tendrán hasta el 15 de septiembre de 2020 para trasladar su compromiso firme, vinculante e irrenunciable de transferir sus remanentes de tesorería. El Gobierno se compromete a abonar antes del próximo 15 de octubre 2.000 millones del fondo correspondientes a 2020. Veremos si el Ayuntamiento de Salamanca

En el acto, meramente protocolario y sin intervenciones, estuvieron presentes también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

Según el Gobierno, servirá «para contribuir desde los municipios al desarrollo de la movilidad sostenible, la agenda urbana y las políticas de cuidados y apoyo a la cultura». El acuerdo fue aprobado el día anterior por la FEMP tras una votación en la que el voto de calidad de Caballero como presidente deshizo el empate de doce votos a favor y doce en contra, más una abstención.

De este modo se establece que la vía para disponer del remanente consiste en que las corporaciones locales que lo deseen lo pondrán a disposición del Estado y éste se lo devolverá en su totalidad en concepto de crédito. En concreto, el Estado aportará 5.000 millones de euros -2.000 millones en 2020, que la FEMP estima que será lo que se gaste, y 3.000 millones en 2021- más intereses, representando “al menos” el 35% de los fondos aportados por las regiones.

Adicionalmente, se aportarán hasta 400 millones de euros para cubrir déficits de transporte en las ciudades y a ello se sumarían recursos procedentes del fondo europeo para la recuperación.

El acuerdo también incluye que en este año se deje sin efecto la regla de gasto, con lo que “las corporaciones locales no tendremos la limitación del techo de gasto”, tal y como resaltó Caballero.

Además, los ayuntamientos que se encuentren en situación económica vulnerable podrán recibir préstamos de las diputaciones provinciales que serán “transferencias finalistas no reintegrables”, según explicó el presidente de la FEMP.

“Es un sistema a la carta” y “de elección de aquello que más le conviene a cada entidad”, en palabras de Caballero, quien agregó que la que quiera continuar con el superávit podrá hacerlo.

Muy lucrativo para los ‘confiscados’

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, respondió a los alcaldes del Partido Popular que han criticado el acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno de España sobre los remanentes de los ayuntamientos. “Como confiscación, tal y como denuncian algunos ediles del PP, es bastante lucrativa para el confiscado”, sentenció. No en vano, aseguró que el acuerdo establece que los ayuntamientos que lo deseen podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno central para que una parte se devuelva de forma inmediata. Posteriormente, a partir de 2022, el Ejecutivo central revertirá a los municipios el cien por cien de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años. “No nos roban un céntimo. Si fuera el alcalde de Madrid o la alcaldesa de Santander, hoy estaría aplaudiendo con las orejas porque les acaban de arreglar el mandato y veremos si esos ayuntamientos remiten sus remanentes”, precisó.

Herencia de Montoro

La vicesecretaria general del PSOECyL, Virginia Barcones, defendió que el Gobierno central ha puesto en marcha una “solución técnica y jurídicamente viable” para que los ayuntamientos puedan hacer uso en este momento y en los próximos diez años de sus recursos y remanentes, asumiendo el Ejecutivo el “déficit que generaría en la estabilidad presupuestaria”. “Se habla de que incauta los ahorros de los ayuntamientos. Un poco de seriedad, por favor”, deslizó Barcones, quien explicó que de esta forma se cumple con la estabilidad presupuestaria.

En este punto, se preguntó “cómo piensan los abanderados de la estabilidad presupuestaria que los ayuntamientos van a poder incorporar todos esos remanentes sin saltársela. “El Gobierno lo que ha hecho es buscar una solución con un mecanismo jurídico y técnico por el cual a lo largo de diez años podrán incorporar a sus presupuestos esos remanentes, insistió, para reclamar “un mínimo de rigor cuando hagan declaraciones”.

Se refirió expresamente a las planteadas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien acusó de “haber estado muy callado” cuando el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro “hacía una tropelía tras otra” a los ayuntamientos y entidades menores. “Las leyes del PP acabaron en el Tribunal Constitucional por primera vez. Hay que dejar bien claro que todos estos problemas los ha generado el PP”, sostuvo Barcones aseguró estar “espantada” de escuchar al jefe del Ejecutivo “decir que el Gobierno central no pone recursos a los ayuntamientos”.