La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, calificó este martes de “buena y controlada” la situación por la incidencia de la Covid-19 en residencias de mayores en Castilla y León. De los 1.214 centros existentes en la Comunidad, sólo hay tres que tengan más de casos, uno en la provincia de Ávila y dos en la provincia de Burgos. Blanco recordó que en otras residencias hay brotes, según la calificación del Ministerio, es decir, un caso positivo de un usuario o de un trabajador.
Patricia Martín / ICAL. Isabel Blanco señaló que estos brotes se están detectando por el PCR al que se somete a los usuarios cuando se va a producir un traslado a otro centro o a un hospital, así como por las pruebas de coronavirus que realizan a los trabajadores cuando regresan de una baja laboral, de las vacaciones o para cubrir una sustitución, en cualquier centro público o privado.
La consejera de Familia destacó la validez e importancia de este procedimiento en aras de la prevención y las salud de los trabajadores, las familias y los usuarios, extremando “estas medidas y controles sobre los propios trabajadores”. Además, recordó que la Covid-19 se transmite por “la movilidad” y en el caso de las residencias es por las salidas de los usuarios y la movilidad de familiares y trabajadores. La guía de prevención, dijo Blanco, se actualiza permanentemente dividiendo entre que el brote se detecte dentro del centro residencial o se registre en el municipio. E control se mantendrá sobre los trabajadores para “seguir manteniendo la situación actual de Castilla y León”.
La consejera de Familia de la Junta recordó que, en la reunión virtual con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Castilla y León junto con la mayoría de las comunidades, reclamó al Gobierno que se retomen los procedimientos que funcionaron durante el estado del alarma y el confinamiento sobre la contratación y homologación de títulos para “facilitar la subsanación del déficit de personal” en los centros sociosanitarios.
Isabel Blanco puso de manifiesto que es común a todos el problema registrado para encontrar personal sanitario, médicos y enfermeras, para las sustituciones por las vacaciones en las residencias, por el fuerte incremento de la demanda de estos profesionales por parte del sistema sanitario y la contratación de los rastreadores que, en el caso de Castilla y León, está por encima de la media a de la ratio establecida, lo que merma “su disposición para la atención residencial”.
Durante el estado de alarma, en las semanas más duras de la pandemia, se permitió que la homologación de títulos de estos profesionales fuera “más fluida y rápida”, como permitir que los estudiantes de los últimos cursos de Enfermería y Medicina se pudieran incorporar a estos centros, así como que se pueda volver a facilitar la contratación de personal cualificado aunque “no tuviera la titulación requerida”.
Datos transparentes en todas las comunidades
La consejera de Familia también defendió el procedimiento realizado por Castilla y León en la comunicación de los datos de la incidencia de la Covid-19 en la residencias de mayores al Ministerio de Sanidad, ya que “cargó todos lo días” de la semana las cifras de fallecidos, infectados y personas compatibles con el coronavirus, cuando la petición del Gobierno de España era hacerlo dos veces a la semana.
“Castilla y León lo hizo 23 veces y así constan los 23 justificantes”, afirmó Isabel Blanco, frente a las comunidades que no cargaron los datos. Para la consejera de Familia hay que acabar con estas situación de datos heterogéneos porque no se trata de hacer comparativas entre las comunidades autónomas, “quién esta mejor o quién está peor” sino para “poder tomar medidas de acuerdo con al situación real de Comunidad”.
