Las familias con escolares en cuarentena en sus domicilios tras detectar un positivo en el aula de su centro educativo recibirán el cien por cien del coste de la contratación de un cuidador y la ayuda a domicilio en un máximo entre ocho y diez días, al tramitarse como ayuda de emergencia en los Ceas de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales.
Ical.- La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró que los padres sabrán en el momento de la presentación de la solicitud si podrán optar a la ayuda del cheque servicio o no e hizo hincapié en que la Junta controlará la «picaresca» para evitar que algunas familias tengan como cuidador a un familiar directo como los abuelos.
Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta, Blanco dejó claro que estas líneas de ayuda solo se podrán solicitar para los casos en que un menor de 12 años haya dado negativo en la prueba PCR por coronavirus, esté a la espera del resultado o tenga que guardar cuarentena domiciliaria ante un compañero positivo en su aula, tal y como está recogido en los protocolos COVID-19 en el ámbito educativo. No en vano, precisó que para los niños que hayan sido contagiados por coronavirus existen otros mecanismos, como las bajas laborales o las otras ayudas implantadas por el Gobierno central.
Junto al requisito del negativo del niño, la Junta ha marcado un límite de 40.000 euros en la renta de la unidad familiar, que aumenta hasta los 55.000 euros para las familias numerosas de categoría especial. Además, los padres deberán justificar que por motivos laborales no pueden atender a sus hijos. Otra de las novedades de este programa es que la Junta facilitará un listado con empresas y asociaciones con personal especializado en el cuidado de menores.
La consejera explicó que la tramitación de esta ayuda será «sencilla» ya que uno de los interesados deberá acudir al CEAs asignado para presentar la solicitud, junto a una declaración responsable de que los horarios de trabajo son incompatibles con el cuidado del menor y que tienen que quedarse en casa por indicación de las autoridades sanitarias, así como la declaración de la renta de 2019 para comprobar los ingresos de la unidad familiar. La idea es que, en el momento de la presentación de esa documentación, el solicitante sepa si podrá ser beneficiario de la ayuda de la Junta.
Declaración responsable
Isabel Blanco aseguró que este tipo de ayudas se tramitarán como de emergencia social necesidad para que las padres puedan recibir el dinero entre ocho y diez días. Eso sí, antes del abono los solicitantes deberán justificar la veracidad de las declaraciones responsables presentadas. Además, dejó claro que la Consejería correrá con el cien por cien del coste de ambos programas, gracias a la reserva de tres millones de euros.
La semana pasada, se anunció que la ayuda tendrá una cuantía que dependerá de las horas necesarias por parte de los progenitores para atender al menor, y no superará el importe proporcional al número de horas de contratación calculado sobre el importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más los gastos de los seguros sociales.
La consejera recordó que estas dos líneas están «habladas y consensuadas» al incorporar las aportaciones de las familias, de las asociaciones de madres y padres de alumnos, las plataformas de infancia y los agentes del Diálogo Social. Blanco subrayó que la financiación del coste de la contratación de un cuidador que atienda al menor en su domicilio es un programa «pionero» en España, ya que ninguna comunidad autónoma ha aprobado algo similar. En cuanto a la ayuda domiciliaria, que no solo se limita al cuidado de un menor por la pandemia del Covid sino que también se extiende a las personas con discapacidad y mayores por el cierre de su centro de día, apuntó que busca paliar una «situación puntual» de necesidad en el marco de facilitar la conciliación familiar y laboral y la corresponsabilidad ante un episodio «excepcional».
En relación a las ayudas para la reducción de jornada y excedencia, la consejera de Familia incidió en el refuerzo de la convocatoria de este año, que en principio contemplaba hasta el 31 de agosto pero que se ha hecho extensiva hasta el 30 de septiembre a la vista de la evolución de la pandemia. Como consecuencia del COVID-19, Blanco recordó que las ayudas se han ampliado hasta los dos millones de euros y se han “flexibilizado” los requisitos.
4.000 solicitudes para guarderías
Por último, mencionó que ya se ha cerrado el plazo para demandar las ayudas para afrontar los gastos en centros infantiles de aquellas familias con hijos menores de cuatro años que acudieron a estos centros el año pasado, con la presentación de cerca de 4.000 solicitudes. El importe del Ejecutivo autonómico a estas ayudas es de 2,8 millones de euros y la subvención financia los gastos de preinscripción, matrícula, asistencia y manutención en centros infantiles por importe máximo de 1.320 euros por progenitor.
