El artículo 134 de la Constitución que establece que el proyecto de Presupuestos debe presentarse al Congreso de los Diputados “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior” -es decir, antes de finalizar septiembre- volverá a ser incumplido por quinto ejercicio consecutivo, después de que el pasado jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalara que la presentación del techo de gasto, sobre el que se elabora el proyecto de cuentas públicas, tendrá lugar «a final de este mes».
Ical.- Preguntada en rueda de prensa por el calendario para la presentación del techo de gasto para 2021, Montero indicó que “se desplaza un poco” y que, en lugar de presentarlo a mediados de septiembre como estaba previsto inicialmente, las actuales negociaciones en curso hacen que ahora la previsión sea hacerlo “a final de este mes”.
Ante este retraso del techo de gasto, fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Servimedia señalaron que no quedará más remedio que aplazar la presentación del proyecto de Presupuestos más allá de septiembre.
El cumplimiento de los plazos para la tramitación presupuestaria ya estaba en el aire ante la voluntad del Gobierno de presentar el proyecto de cuentas públicas contando ya con los apoyos necesarios para su aprobación, con el fin de evitar una derrota como la que el Gobierno del PSOE en solitario ya cosechó en la legislatura anterior, cuando en febrero de 2019 el proyecto para ese mismo ejercicio fue rechazado por la mayoría del Congreso, al no conseguir los votos a favor de Junts per Catalunya ni ERC, provocando la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones y acabar con la legislatura.
De esta forma, este será el quinto año consecutivo en el que el Gobierno de España no consigue presentar el proyecto presupuestario en el plazo marcado por la Constitución, siendo las cuentas de 2016 las últimas cuya tramitación transcurrió dentro de la normalidad parlamentaria.
Así, las cuentas de 2017 no fueron presentadas hasta abril de ese mismo año, siendo aprobadas en junio, debido al bloqueo político que durante 2016 impidió la formación de un nuevo Ejecutivo, lo que supuso una repetición electoral y que Mariano Rajoy no lograse ser investido presidente hasta octubre, ya sin tiempo para presentar en plazo un proyecto presupuestario.
Asimismo, las cuentas de 2018 tampoco fueron presentadas a su debido tiempo ya que 2017 estuvo marcado por la situación vivida entonces en torno a la cuestión del independentismo catalán, que llevó a la aplicación del artículo 155, interviniendo la autonomía de Cataluña, y la negativa por parte del PNV a apoyar unos Presupuestos mientras dicho artículo siguiera vigente, lo que hizo que el Presupuesto diseñado por Cristóbal Montoro no fuera presentado al Congreso hasta abril del propio 2018 y aprobado ya en junio, siendo éstas las últimas cuentas aprobadas.
Las de 2018 son, de hecho, las cuentas públicas que más tiempo se han aplicado, ya que siguen vigentes actualmente, tras haber sido prorrogadas en 2019 y 2020. En concreto, tras la moción de censura con la que Pedro Sánchez logró ser investido como presidente en junio de 2018, su Gobierno no presentó las cuentas de 2019 hasta enero de ese mismo año, para finalmente ser rechazadas por el Congreso ante la negativa de las formaciones independentistas catalanas a dar su apoyo.
Tras dicho fracaso, la convocatoria de elecciones fue seguida de una investidura fallida por parte de Sánchez, lo que dio lugar a unas nuevas elecciones y, ya en enero de 2020, a la formación del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, por lo que tampoco fueron presentadas en plazo unas cuentas de 2020 que el Ejecutivo de coalición ya tenía preparadas cuando en marzo estalló la pandemia de Covid-19, de modo que se procedió a desechar el proyecto para 2020 y pasar a trabajar en las de 2021.
Ahora, de cara a unos Presupuestos de 2021 marcados por la crisis económica y sanitaria ocasionada por el coronavirus, los tiempos para su presentación dependerán de las negociaciones con el resto de formaciones y las discrepancias en el seno del Gobierno de coalición sobre si dar prioridad a los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez, tal y como defiende Unidas Podemos, o tratar otras vías mediante el acuerdo con Ciudadanos.
