Verónica Casado dice que no cambiará las condiciones de los sanitarios sin dialogar

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró este martes que su departamento quiere aplicar el desarrollo del decreto de prestaciones personales obligatorias para los profesionales del sistema de salud de forma “consensuada”, “trabajada” y con incentivos y no de manera unilateral. “Seguimos manteniendo abierta la puerta para culminar la negociación”, sentenció.

En su comparecencia ante la Comisión de Sanidad de las Cortes, Casado insistió en que el decreto, que rechazan los sindicatos sanitarios es “sólo un marco legal, nunca un obstáculo”, que habilita a Sacyl para negociar. “Eta mesa sectorial sigue abierta para el desarrollo” de este marco legal, que recalcó es el mismo que el de la primera ola de la pandemia del COVID-19.

Desde la vuelta del verano, Casado recordó que se han celebrado ocho mesas sectoriales y desde el 4 de noviembre, durante cuatro mesas sectoriales, aseguró que se ha tratado con los sindicatos, la regulación de las prestaciones personales obligatorias. Insistió en que el decreto conjuga los derechos de los trabajadores con los derechos de los ciudadanos a una asistencia sanitaria.

Verónica Casado defendió que esta misma medida se adoptó en la primera ola, siendo el Ministerio de Sanidad quien habilitaba la herramienta y la Consejería quien emitía una instrucción. En esta segunda ola, añadió, cuando se delega la responsabilidad en los presidentes autonómicos, son ellos quienes deben dictar la norma. De esta forma, aseguró que otras cinco autonomías ya han dictado normas similares (La Rioja, Asturias, Andalucía, Aragón y Cataluña).

La titular de Sanidad insistió en defender la necesidad de llevar a cabo una reorganización del personal, con el objetivo de que ninguno se vaya a su casa, porque aseguró “todos van a trabajar” para mantener la actividad COVID, como no COVID.

Sus objetivos son adaptar la organización de todos los profesionales a las necesidades asistenciales mientras que exista nivel tres y nivel cuatro de alerta; garantizar que la equidad en la prestación sanitaria en todo el territorio a todos los ciudadanos, y garantizar que se cubren aquellos puestos esenciales para luchar contra el COVID.

Actividad

Pese a tener una situación hospitalaria similar al 26 de marzo, la consejera de Sanidad remarcó que la actividad programada y ordinaria en general es “mucho mayor” a la de entonces. Para ello, se han iniciado procesos de colaboración con recursos externos para poder mantener la actividad programada y seguir dando atención y se han concertado quirófanos convenientemente equipados, instrumentistas, unidades de recuperación postanestésica, cuidados intensivos, y el personal preciso.

Además, en el último mes se ha aumentado el gasto en 35,75 millones de euros, hasta los 289,45 millones, puesto que a 30 de septiembre era 253,7 millones. Finalmente, la consejera de Sanidad situó las contrataciones de personal hasta el 10 de noviembre en 11.141 -contratos-.