El martes la concejala de Podemos, Carmen Díez, denunció la decisiva determinación del PP para dilatar en el tiempo el cobro de 1,2 millones a la empresa Eulen, que dejó el contrato de las piscinas sin hacer las obras de mantenimiento a que estaba obligada. Este jueves, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Salamanca lamenta la inacción del PP y de Ciudadanos a la hora de reclamar la indemnización por daños y perjuicios a Eulen por el deficiente estado de las piscinas municipales durante los años en que la empresa fue la adjudicataria del contrato de prestación del servicio, de 1999 a 2014. Esta «irresponsabilidad» en la gestión municipal, al no exigir el cumplimiento del pliego de condiciones del contrato, costó a la ciudadanía salmantina 1,2 millones de euros que aún no han regresado a las arcas municipales.
Recuerda que desde 2015, año en que se inició el primer procedimiento de reclamación de daños y perjuicios contra Eulen, el Gobierno municipal no ha conseguido recuperar un solo euro de indemnización. Un hecho que el PSOE califica de «extrema gravedad», al igual que la pasividad y la permisividad del PP y de Ciudadanos con la empresa adjudicataria, que a pesar de incumplir el contrato de piscinas municipales, consiguió posteriormente, sin que lo impidieran, otros dos contratos millonarios con el Ayuntamiento de Salamanca: el de parques y jardines, ya anulado, y el de las guarderías municipales.
Los concejales socialistas no creen fruto de la casualidad la paralización por cuestiones formales hasta en dos ocasiones del expediente de reclamación de 1,2 millones a la empresa por la falta de mantenimiento de las instalaciones, al tiempo que consideran que los diferentes responsables del Gobierno municipal durante estos cinco años «se han mantenido de brazos cruzados, demostrando una total falta de diligencia, hasta el punto de que la reclamación sigue sin ser efectiva a día de hoy».
1,2 millones
En el año 2015, el Pleno municipal celebrado el 4 de septiembre acordó la apertura de un procedimiento para determinar la responsabilidad por daños y perjuicios que correspondía exigir a la empresa Eulen, S.A. por un mantenimiento deficiente de las piscinas municipales durante los años de su gestión como empresa concesionaria. Los servicios técnicos municipales cifraron las necesidades de reforma en 6,61 millones de euros y ya advirtieron en informes previos sobre el mal estado en el que se encontraban las instalaciones y la conveniencia de realizar obras de mejora y reparación.
El procedimiento iniciado en 2015 caducó meses después por una cuestión formal, sin que ningún miembro del Gobierno municipal del PP ni de Ciudadanos, que entonces presidía la comisión de Contratación, asumiera ninguna responsabilidad política, como exigió el grupo municipal socialista.
«Sin embargo, no dudaron en culpabilizar a funcionarios municipales de la caducidad del expediente al afirmar que ‘pasó inadvertida a todo el mundo’, cuando el equipo de Gobierno municipal es el responsable de velar por el cumplimiento del pliego y, por tanto, el único responsable de dejar que prescriba la reclamación», señala el PSOE.
Ya en 2016, un nuevo informe cuantificó en más de 1,2 millones de euros la cantidad que se debía reclamar a Eulen por los desperfectos que presentaban las piscinas municipales debido a la falta de mantenimiento años atrás sin que los diferentes gobiernos municipales del PP tomaran cartas en el asunto durante 15 años, demostrando que no hubo ningún control ni vigilancia sobre la prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa.
Tras la caducidad del primer expediente, en julio de 2018 el Pleno municipal del Ayuntamiento de Salamanca volvió a aprobar un nuevo acuerdo para formalizar la reclamación de 1,2 millones de euros a Eulen, expediente que fue recurrido por la empresa al no ser informada del informe en que se fijaba tal cantidad, a pesar de que el asesor jurídico municipal informó sobre la necesidad de realizar este trámite de audiencia. Por segunda vez, el Gobierno municipal integrado por PP y Ciudadanos, haciendo caso omiso a lo indicado por el asesor jurídico, «dilató el proceso y permitió ganar tiempo a la empresa», afirman los socialistas.
A día de hoy, el Ayuntamiento de Salamanca está obligado por sentencia judicial de noviembre de 2020 a dar copia del informe y de los documentos del proceso a Eulen, que ahora tiene un nuevo plazo para la realización de alegaciones al expediente de reclamación municipal por daños y perjuicios. En un ejemplo más de falta de transparencia para ocultar la verdad ante la opinión pública, la aprobación de la reactivación del procedimiento administrativo de reclamación a Eulen, a diferencia de lo ocurrido en anteriores ocasiones, no será objeto de debate en el Pleno municipal, sino que ha sido derivado a la Junta de Gobierno Local, donde ningún miembro de la oposición tiene representación.
El grupo municipal socialista recuerda que, mientras el equipo de Gobierno se debate en los tribunales con Eulen, el Consistorio salmantino sigue esperando desde hace cinco años el cobro de 1,2 millones de euros pendientes, por lo que exige a los responsables municipales de PP y Ciudadanos «que defiendan los intereses generales de la ciudadanía salmantina frente a otro tipo de intereses, ejecuten la sentencia con celeridad y actúen, de una vez por todas, con la diligencia debida». Asimismo, los concejales del PSOE exoneran de cualquier tipo de responsabilidad a los técnicos municipales, atribuyendo únicamente la falta de diligencia para defender los intereses de los salmantinos a los miembros del Gobierno municipal de PP y Ciudadanos.
