La gestión del tema del lobo está generando mucha polémica en España… y ha dividido incluso al propio Gobierno.
De hecho, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha mostrado su desacuerdo con la prohibición de la caza del lobo impulsada por el ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, aunque con alguna matización: “No es una decisión de mi Ministerio, es de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural, y hay que respetarla”.
Planas aseguró estar del lado de los ganaderos y las comunidades afectadas. “Es un tema polémico. Ahora se trata de pasar al lobo de un régimen de especie protegida a un régimen de protección especial, y como ministro no estoy de acuerdo», señaló en un acto de apoyo al olivar.
No hay que olvidar que tras la aprobación en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad sobre la propuesta de inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre), los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades autónomas que albergan más del 95 % de los lobos de España -Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia- se reunieron por videoconferencia para analizar el resultado de dicha comisión estatal, tanto por la forma indebida en que se celebró la misma, como por las consecuencias tan perjudiciales para la Comunidad, acordando las acciones a seguir. La iniciativa que el Ministerio persigue supone una invasión de competencias exclusivas de la Comunidad, impide la gestión de la conservación y control población del lobo, y constituye un gravísimo daño para el sector agropecuario.
Ante esta situación, los representantes de las cuatro comunidades autónomas del noroeste de España solicitaron a la ministra Teresa Ribera que abandone la política de imposición y que se siente con ellos para abordar la problemática desde el diálogo –algo que llevan reclamando desde hace meses sin resultado alguno- con el fin de evitar el grave perjuicio al medio rural que supondría que el Ministerio decidiese sacar adelante esta propuesta.
En caso contrario, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia acudirán a los tribunales de Justicia ejercitando las acciones judiciales de todo tipo que procedan con la intención de frenar esta iniciativa. Está en juego la supervivencia del medio rural, que no pervivirá sin el sector ganadero. En la reunión se puso de manifiesto la perplejidad que causa que esta iniciativa la tome la Vicepresidencia Cuarta del Gobierno, que es titular de un Ministerio que en su nombre está el reto demográfico.
