Las organizaciones profesionales agrarias con representatividad en la provincia de Salamanca, COAG, UPA y Asaja, ha anunciado nuevas movilizaciones.
Y lo hacen para reiteran el profundo «malestar que está causando el anuncio de la inminente norma que declarará al lobo como especie no cinegética en toda España. A esto se le suma, el recorte de los fondos de la PAC y las limitaciones derivabas de los ecoesquemas que harán imposible mantener las producciones», señalan en un escrito común.
“No podemos consentir que se estén mofando de agricultores y ganaderos y vendan como bueno sus acciones mientras que estén demonizando a un sector que cumple todos los requisitos y que da de comer a la sociedad”, aseguran los líderes de los sindicatos agrarios. “Si en la provincia de Salamanca ya teníamos que lidiar con las desorbitadas restricciones en los movimientos de ganado y arrastramos el problema de los precios, que no han variado desde hace más de 30 años, ahora tenemos que dejar que los lobos maten, con el beneplácito de determinadas administraciones”.
Al Norte del Duero, de 113 cupos autorizados sólo se utilizaron 60, lo que provocó que los cánidos, acostumbrados a recorrer grandes territorios, bajaran a las zonas de sur y junto con los lobos ya establecidos en la provincia causaran 140 ataques, con un saldo de más de 300 animales muertos y heridos en 2020; en 20219, 60 ataques.
Estas cifras se han duplicado en los últimos años de manera alarmante y los lobos han llegado a matar ganado a escasos metros de las casas, con el consiguiente problema que surge sobre la permanencia no sólo de las explotaciones ganaderas en extensivo, sustento de cientos de familias, sino también de la seguridad para los habitantes del medio rural. “Si en los últimos años ha crecido la población de los cánidos con los peligros que suponen; ahora, veremos una verdadera explosión demográfica”. Las organizaciones agrarias atestiguan que de no controlarse la población de lobos al norte del río Duero, llegarán a la provincia salmantina cada vez más ejemplares que continuarían con los daños a la ganadería.
Las organizaciones agrarias salmantinas declaran «intolerable que no se tenga en cuenta la opinión de las comunidades autónomas y de las provincias más afectadas». Y lamentan que prevalezca la decisión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural con el beneplácito del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). “Se trata de una decisión tomada irreflexivamente y sin medir las consecuencias que, sin duda, pagarán los ganaderos”, aclaran las OPA.
“La arrogante postura de la ministra Teresa Ribera y la pasividad de su homónimo en el Ministerio de Agricultura, Luis Planas, responden a acciones dictatoriales, tomadas a ligera, ideológicas y nada realistas, propias de quienes no han pisado el campo en su vida y de quienes no se dejan aconsejar por los verdaderos profesionales agrícolas y ganaderos«.
Por todos estos motivos COAG, UPA y Asaja Salamanca solicitan el apoyo de la sociedad, «ya que un país sin agricultura y ganadería queda a merced los excedentes de terceros países».
