La Junta de Castilla y León ha planteado el Gobierno un modelo diferente para la aplicación de los ecoesquemas de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC).
Así, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que tiene atribuidas las funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha participado en el Consejo Consultivo de Política Agrícola Común presidido por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y en el que han participado los consejeros de agricultura del resto de las Comunidades Autónomas. Este encuentro es el preparatorio para el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebrará los días 22 y 23 de marzo, con presidencia portuguesa.
Protección contra las plagas vegetales
La amenaza de las plagas es cada vez mayor y por eso es necesario incrementar el control que impida la entrada y la propagación de nuevas plagas vegetales en el territorio de la Unión Europea. En el Consejo de Ministros se debatirán las amenazas y los riesgos que entraña esta situación. Suárez-Quiñones ha planteado que las plagas hay que tratarlas en una doble vertiente: por una parte pueden repercutir en la salud pública y en la seguridad alimentaria, y por otra parte pueden ser motivo de fuertes restricciones comerciales que pongan en peligro la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y forestales.
En ese contexto, el consejero ha transmitido al Ministro la necesidad de crear y fortalecer las infraestructuras y los servicios técnicos, incorporando planes de contingencia destinados a la protección de la sanidad vegetal, además de añadir actuaciones dirigidas a potenciar la bioseguridad de los centros de producción de material vegetal y mayor control de las importaciones y el movimiento de dicho material, para evitar la entrada de agentes patógenos.
Desde la Junta no se entiende la poca participación del sector agrario en ese Instrumento de Recuperación, solo 15.000 millones de euros de los 750.000 millones. Por ello, en estos momentos, el consejero ha recordado la existencia de una nueva sostenibilidad, la alimentaria, que junto a la sostenibilidad económica (rentabilidad de las explotaciones) y la sostenibilidad social (pueblos vivos, pueblos habitados) darán consistencia y verdadera capacidad de expresión a la sostenibilidad medioambiental.
Suárez-Quiñones también ha transmitido la necesidad de promover el uso de la gestión integrada de plagas y tener más información científica sobre el uso de agentes de control biológico del tipo macroorganismos, que puedan permitir reducir el uso de productos fitosanitarios, en el marco de las estrategias europeas ‘De la Granja a la Mesa’ y el ‘Pacto Verde Europeo’, pero insistiendo sobre todo en el uso con garantía científica.
Reforma de la PAC
Al mismo tiempo, Suarez-Quiñones ha destacado que estamos en un momento avanzado de la definición de la aplicación de la nueva PAC que comenzará en 2023. Esa aplicación tiene que definirse claramente en este primer semestre y ser aceptada por todas las Comunidades Autónomas.
El consejero, además, ha transmitido al Ministro, en primer lugar, que la normativa de transición para los años 2021 y 2022 debería haber sido más pausada, justamente por ser de transición entre la PAC actual y la futura, y ha sugerido una revisión de dicha aplicación por lo menos para el año 2022, para poder enlazar con la nueva PAC y conseguir los objetivos que esta última marca hasta 2027.
Otro aspecto en el que ha insistido Suarez-Quiñones es su preocupación por el nuevo modelo de arquitectura medioambiental de la PAC. Aunque es consciente de tener que afrontarlo, también hay que tener en cuenta que el principal objetivo de la PAC es garantizar las rentas de los agricultores y los ganaderos.
En ese sentido el Ministerio de Agricultura ha planteado un modelo de ecoesquemas (siguiente paso de la ambición medioambiental sobre la condicionalidad reforzada) que es complejo y puede encaminar a la pérdida de fondos europeos a partir de 2025 si no tiene aceptación entre los agricultores y ganaderos de todo el país. Estamos hablando de un modelo al que se destinarían entre 1.000 y 1.500 millones de euros anuales en España.
A este respecto, el consejero ha explicado que “la Junta de Castilla y León ha planteado al Ministerio un modelo diferente, alternativo, más simple, con mayor aceptación entre los agricultores y ganaderos de España, que entendemos permitiría incorporar ecoesquemas en el marco de la normativa europea que regulará la nueva PAC. Con el compromiso de colaboración institucional, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, plantea al Ministerio dicho modelo, en el que también participan las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agrarias a través de Urcacyl”.
Suarez-Quiñones también ha instado al Ministro Luis Planas, la necesidad de mantener las actuales ayudas acopladas, tanto ganaderas como agrícolas. Estas ayudas no deben verse reducidas en importes ya que constituyen la base del mantenimiento de sectores productivos frágiles y mantenedores de la actividad económica en el medio rural. Y ha reivindicado la aprobación de un Programa Sectorial Nacional para el ovino-caprino dentro de la nueva PAC.
Medidas extraordinarias para paliar los efectos de la crisis de la COVID
A su vez, en el Consejo Consultivo se ha tratado la necesidad de incorporar medidas extraordinarias para el sector vitivinícola español, que no se ha recuperado tras las restricciones en el canal Horeca y en las exportaciones.
Las medidas que se están planteando son destilación, almacenamiento privado y cosecha en verde.
Suarez-Quiñones ha propuesto la necesidad de estas medidas, pero sin perjudicar a las medidas clásicas de inversiones en bodegas, en reestructuración de viñedo y promoción en terceros países. Castilla y León es una tierra de vinos de calidad, por lo tanto apuesta por no bajar el nivel de las ayudas a estas inversiones y por solicitar a la UE más financiación europea para almacenamiento privado y cosecha en verde. La destilación es muy costosa y no resuelve los problemas.
También ha aprovechado la oportunidad para reivindicar intervenciones europeas en el sector del vacuno de carne, en el que tampoco se recuperan los mercados.
