[dropcap]N[/dropcap]o hubo sorpresa en el marcador y la primera moción de censura presentada, debatida y votada en la era autonómica iniciada en 1983 no obtuvo el respaldo necesario para derribar al gobierno de esta maltrecha comunidad autónoma. El grupo socialista (35 procuradores) necesitaba el apoyo de otros seis para alcanzar la mayoría de 41 requerida para que la iniciativa llegara a buen término.
El pasado viernes, la deserción de Ciudadanos de la procuradora salmantina María Montero inducía a pensar que alguna otra compañera del mismo grupo adoptaría antes del lunes la misma decisión. Pero no ha sido así y al final el candidato Luis Tudanca tan solo sumó a los votos de su grupo los dos de Podemos, en total 37, ya que la citada Montero y los procuradores de la UPL y de “Por Ávila” acabaron absteniéndose. Resultado final: 37 votos a favor, tres abstenciones y 41 en contra, puesto que la procuradora de Vox sumó su voto negativo al de los 29 del grupo popular y al de los 11 de Ciudadanos. (Cabe pensar que si sus votos hubieron sido determinantes, tanto la procuradora fugada de Ciudadanos como el leonesista Santos Reyero hubieran votado a favor, pero al no resultar decisivos prefirieron refugiarse en la abstención).
Archiconocido es que hay dos tipos de mociones de censura, las que se presentan con fundadas esperanzas de derribar al gobierno de turno y aquellas otras que, careciendo de cualquier posibilidad aritmética de victoria, se presentan con el único objetivo de desgastar al gobierno de turno y proyectarse como alternativa pensando en la siguiente convocatoria electoral. Los socialistas habían rechazado este segundo carácter instrumental, enmarcando la iniciativa en la primera modalidad: la moción se presentaba confiando en que se ganaría. Sin embargo, comprobado está que se lanzó sin tener garantizados los apoyos necesarios.
Ateniéndonos al propósito por ellos declarado, para los socialistas el resultado puede considerarse frustrante. Pero no por ello la moción ha dejado de producir los efectos que hubiera obrado una de carácter meramente instrumental.
Con ella el PSOE de Luis Tudanca ha puesto ante el espejo la calamitosa gestión del bipartito PP-Cs que malgobierna esta comunidad porque así lo quiso en su día un resentido Albert Rivera, que, ofuscado por el triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, decidió que la regeneración democrática consistía en entregar al PP todos los gobiernos autonómicos y municipales en los que ambas fuerzas -ellas dos solas o en compañía de Vox- sumaban lo necesario para cerrar el paso a los socialistas.
Tudanca no ha conseguido hacerse con la presidencia de la Junta, pero su papel como alternativa de gobierno no se ha visto resentido por el hecho de que la moción no haya conseguido el cambio de gobierno pretendido. Convertir esto último en un argumento para sugerir su dimisión resulta tan pueril como extravagante. Y por lo que respecta a Mañueco y a su gobierno, si bien es cierto que han conseguido salvar los muebles, no lo es menos que han salido bastante tocados del trance. Ya lo estaban, y muy seriamente, antes de la moción, y ahora, tras la fuga de la procuradora Montero, añaden el hándicap de haber perdido la mayoría parlamentaria absoluta de la que han venido gozando desde el comienzo de la Legislatura.
PP y Ciudadanos tendrán que buscar ahora entre las minorías del grupo mixto el voto que les falta para poder sacar adelante sus iniciativas parlamentarias. Disponen de varias opciones, pero ninguna de ellas exenta de coste político. Lo tiene apoyarse en la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, cuyo ideario ultraderechista no será fácil de conciliar con el de un partido, Ciudadanos, que sigue reivindicándose de centro (por más que en la práctica rebase con frecuencia al PP por la derecha).
Más asequible parece sobre el papel el entendimiento con el procurador de “Por Ávila”, Pedro J. Pascual, de evidente afinidad ideológica con los populares. Pero dar cancha a un partido escindido del propio PP abulense tiene evidentes contraindicaciones electorales (por cierto no precisamente del agrado de Génova, toda vez que el líder de PxA, el alcalde Jesús Manuel Sánchez Cabrera, creó la formación como respuesta a la decisión de Pablo Casado de vetarle como candidato del PP a la alcaldía en las pasadas elecciones municipales. Queda por último, la opción de cautivar el voto del procurador leonesista, empresa un tanto ardua visto lo deterioradas que están las relaciones entre la UPL y el PP.
Después de que haya perdido la mayoría absoluta, solamente el persuasivo influjo de la chequera mediática -manejada con la misma discrecionalidad de siempre desde el Colegio de la Asunción- explica la corriente de opinión según la cual el presidente de la Junta ha salido reforzado de una moción que ha conseguido salvar gracias a que así lo ha querido Inés Arrimadas.
Mañueco es probablemente el español que más tiene que agradecer a Ciudadanos: Gracias al veleidoso barbilampiño Rivera llegó a la presidencia de la Junta tras una estrepitosa derrota electoral, y gracias a Arrimadas ha conseguido mantenerse en el cargo pese a los muchos deméritos contraídos desde que accedió al mismo.
La atribulada lideresa de lo que queda de Ciudadanos todavía le puede prestar un inmenso favor añadido si se decide a activar su plan de forzar la remodelación de gobierno de la que hablábamos aquí ayer. Amén de ser saludada con gran alivio por una amplia mayoría social de Castilla y León, la defenestración política del clan constituido por Igea y sus adláteres será desde luego una liberación para un presidente encadenado a tan insoportable lastre.
