El pelotazo que se cierne sobre el hotel Monterrey

• El Ayuntamiento quiere autorizar a los dueños, la familia Curto, para vaciarlo y construir viviendas y un gran parking
• Podemos denuncia que es una operación especulativa que volverá a meter tráfico en Azafranal

En la comisión de Fomento y Patrimonio celebrada el martes se analizó la solicitud de la propiedad del hotel Monterrey para modificar la protección del edificio de la calle Azafranal que alberga el hotel. Se trata de un edificio construido en 1953, inicialmente como viviendas, y que en el proceso de construcción se cambió a hotel.

Desde entonces, ha cumplido esa función en conexión con el edificio situado en la calle Toro conocido como hotel Alfonso X en cuyos bajos se encuentra una discoteca. Ambos comparten plantas sótano, baja y primera y han funcionado como un solo negocio. Incluso se ha incluido en las ayudas municipales directas a los hoteleros afectados por el cierre por la pandemia.

Ahora se pretende vaciarlo y hacer en la parcela viviendas residenciales. Es un edificio sin problemas estructurales, en buen estado de conservación, del que se solicita que se le quite la protección estructural y que pase a protección ambiental. Esto implicará que se mantiene solo la fachada y el interior se puede hacer nuevo.

Además, se contempla la posibilidad de construir hasta 4 plantas de garaje. “Esta posibilidad va más allá de dotar de plazas de garaje a las viviendas. Y es que por la dimensión de la parcela y la posibilidad que permite el PGOU, los promotores de la modificación pueden, una vez que se haya aprobado, construir plazas de aparcamiento para atender otras necesidades como alquiler o venta a residentes de otros edificios”.

Todo ello en un entorno peatonal que además ya cuenta con otros parkings comunitarios, el más cercano el de la plaza Santa Eulalia, pero también cerca el de la plaza del Campillo y el de Monroy y el de Monroy. “¿Por dónde van a circular los vehículos que accedan al garaje? ¿Es necesario meter tanto tráfico al centro de la ciudad?”. Estas son las preguntas que la concejala de Podemos, Carmen Díez, ha planteado en la comisión y que ponen en duda la bondad y necesidad de la modificación.

“El Plan General de Ordenación Urbana no puede ser un instrumento que se use a la carta, para satisfacer las necesidades de beneficio económico de los propietarios de solares. No es de recibo modificar el nivel de protección de un edificio para hacer negocio”, señala la concejala de Podemos, la única de la oposición que ha denunciado esta operación urbanística.

Con estas medidas se pone en duda que el Ayuntamiento contribuya desde la Concejalía de Fomento al cumplimiento de su tarea de incrementar el patrimonio edificado de una forma respetuosa con el carácter histórico y artístico de su centro. “Semanalmente nos encontramos en la Comisión de Fomento con edificios que estando catalogados se descatalogan para actuar a beneficio sobre ellos y otros que no están catalogados y deberían estarlo. Tal ocurre, por ejemplo, con el reciente proyecto de derribo, no aprobado, del edificio de la calle San Silvestre, esquina de San Vicente. Cualquiera que lo vea comprenderá que se trata de un edificio singular, bien conservado y necesitado de protección a fin de que no sea derribado sin más causa que la pura especulación. Ahora, será el Pleno del Ayuntamiento quien deba pronunciarse sobre si existe verdadero interés público en aceptar esta modificación y en qué puede consistir ese interés general, si es que encuentra alguno”, afirma Díez.