En Castilla y León hay 1.214 residencias de mayores de los que solo 25 son gestionados por la Junta. Concretamente en Salamanca, hay 7.402 plazas residenciales, de la cuales solo 2.339 son plazas públicas o concertadas.
La procuradora socialistas Rosa Rubio señalo este lunes que en Salamanca, entre marzo del año pasado y hasta este mes de abril, “la mortalidad en residencias salmantinas fue de 2.293 personas de un total de 6.255 residentes, y 617 de los fallecidos fueron por covid o síntomas compatibles, el 36% de los fallecidos en ese periodo de tiempo, murieron en residencias”.
Estos datos justifican, a su juicio, “lo que es una necesidad social”, saber qué ocurrió en las residencias para que no vuelva a ocurrir, “y es eso lo que pretendemos los socialistas con la petición de creación de una Comisión de Investigación registrada por el PSOE en las Cortes de Castilla y León”, finalizó Rosa Rubio.
Rubio ha denunciado la falta de transparencia del ejecutivo presidio por Mañueco, y de la Consejería de Salud, a la hora de explicar la gestión que ha llevado la Junta en las residencias y sobre lo ocurrido en estos centros en la etapa más dura de la crisis sanitaria.
PP y Ciudadanos siempre se han negado a que se conozca y se sepa la verdad, ha indicado Rubio, “y Ciudadanos incluso faltando a su palabra y a su compromiso favorable a crear esa Comisión de investigación para luego votar en contra”, ha incidido, “¿Será qué tienen algo que ocultar?” añadió. Ambas formaciones siempre han entendido el sistema residencial como un negocio, primando a las empresas privadas y protegiéndolas frente al interés general, ha señalado la parlamentaria socialista, “Mañueco e Igea siguen protegiendo a los más poderosos frente a los más vulnerables a los que les dan las espalda”
A esto hay que añadir la falta de personal y las precarias condiciones laborales que se produce en estos centros. Este es el modelo residencial que defiende la Junta, “un modelo que han tenido abandonado durante más de 30 años”. Existe una mala imagen de las residencias debido a la falta de transparencia y donde ha primado “el negocio y no el servicio”, y solo hay un culpable, “la Junta de Castilla y León”, ha remarcado.
