Monterrubio prohíbe el uso de aguas subterráneas tras el envenenamiento

El delito más grave en 25 años contra la salud pública y la biodiversidad
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Una veterinaria de la Junta atiende a uno de los buitres envenenados.

El alcalde de Monterrubio de la Armuña, David Matute, ha mostrado su frustración e impotencia ante el envenenamiento de un centenar de buitres en su municipio, además de mostrar su indignación como consecuencia “del abandono y la dejadez” al que se ha visto sometido por parte de la Junta.

 

Denunció que, a día de hoy, la Junta todavía no ha realizado análisis alguno, ni emitido un informe dando autorizando el consumo o la utilización de la aguas subterráneas, cuyo uso fue prohibido por el Consistorio, ante el temor de que los pesticidas prohibidos, causa del envenenamiento, hayan podido llegar mediante filtraciones a dichas aguas subterráneas, ha explicado.

La aparición de más de un centenar de buitres envenenados, más de la mitad de ellos han fallecido, entre otras especies de aves protegidas, “no es una mera anécdota como pretende hacer ver la Junta”, ha denunciado este jueves el coordinador del PSOE en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, “sino un atentado y el delito más grave de los últimos veinticinco años contra la salud pública y la biodiversidad”.

La Junta, ha añadido Vázquez, está mostrando una total falta de interés, de diligencia y de transparencia, “para esclarecer este suceso y hacer llegar a la ciudadanía la realidad de lo que ha acontecido y sus posibles consecuencias”, poniendo en práctica una política “que fomenta el conflicto” entre la protección de las especies y la biodiversidad contra la agricultura y la ganadería.

Tras esta denuncia, el coordinador socialista de medio ambiente ha exigido a la Junta intensificar y poner medidas que esclarezcan los hechos, “en vez de eludir la responsabilidad que le corresponde en base a la legalidad y la normativa vigente, “porque no basta con decir las causas del envenenamiento, por cierto con un pesticida de los más peligrosos cuya utilización está prohibida desde el año 2007” ha indicado.

El ejecutivo regional tiene que informar también, ha añadido el parlamentario del PSOE, sobre la precariedad en la que se encuentran los trabajadores de los servicios de medio ambiente, como han denunciado la totalidad de los escasos 30 técnicos con que cuenta la Junta para toda la Comunidad no solo para inspeccionar sino para tramitar y analizar expedientes de esta magnitud. “¿Por qué son tan escasos los medios y los dispositivos movilizados en este suceso?”, se ha preguntado, “¿o por qué y qué relación o negocios se tiene con la Universidad de Murcia donde se enviaron los tejidos de las aves muertas para su análisis cuando la Universidad de León cuenta con una de las facultades de Veterinaria más prestigiosas que existe y a la que ha obviado por razones que desconocemos con total y absoluta transparencia?”.

“Una vez más”, con este suceso, “la Junta incumple con sus propias leyes” ha argumentado el procurador del PSOE, “incumple con los establecido desde hace cinco años en el Plan de acción para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural de Castilla y León”, además de incumplir sus propias leyes en la defensa de la biodiversidad y la salud pública, “porque ninguna de estas leyes se ha cumplido en cuanto a la detección, el análisis, la cooperación y la prevención de esta lacra que supone para el medio ambiente el envenenamiento de la fauna silvestre”.

“Pero es difícil actuar diligentemente en este sentido”, ha concluido el coordinador socialista, “cuando la Junta y la administración no es eficiente” poniendo como ejemplo precisamente la provincia de Salamanca, donde, “tan solo una de de cada cuatro denuncias tramitadas tienen una sanción económica o esta sanción es pagada o cobrada”, o lo que es lo mismo, “tres de cada cuatro infracciones quedan impunes” y esto es culpa, ha finalizado, de la escasez de medios y de personal, “en Salamanca casi el 60% de los puestos de agentes medioambientales están vacantes estando ocupadas solo 52 de las 92 plazas que tendrían que estar disponibles y funcionando”.

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