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A cuestas con el precio de la luz

 

Desde que hace dos semanas dedique esta misma columna al precio de la luz este sigue subiendo y constituye una seria preocupación de los ciudadanos, quizás la amenaza más seria para su nivel de subsistencia (lo del nivel de vida es ya un eufemismo). La actitud adoptada por empresas como Gas Natural, Iberdrola o Endesa tiene mucho que ver con el lema del día del amor. Es una simple adaptación del eslogan: hoy te cobro más que ayer pero menos que mañana.

El precio de la luz en particular y el de la energía en general sigue disparado, sin visos de moderarse, y la ministra de Transición EnergéticaTeresa Ribera culpa a Europa, dice que el gobierno no puede intervenir y no puede hacer nada y como recurso dialéctico de distracción acusa a las empresas eléctricas de falta de “empatía social”. Es lo que se podría definir como presentar una candidatura en toda regla para usar en el futuro la puerta giratoria. Tiempo al tiempo.

Aunque el mercado eléctrico está regulado por una normativa europea, no parece que esta pueda ser la causa de que no poder hacer nada al respecto. Países europeos de nuestro entorno tienen precios de la energía eléctrica inferiores a los que rigen en España y el aumento del precio no tiene la magnitud que en nuestro país. Además, sus ciudadanos tienen sueldos mucho más elevados que los nuestros para afrontar la subida.

El modelo marginalista que rige el mercado de la energía está permitiendo a las empresas españolas que la energía hidroeléctrica, la más barata de producir porque tiene menos penalizaciones con el CO2, marque la tarifa y se beneficie de un plus que corresponden a otro tipo de energías, especialmente las contaminantes: son lo que se ha denominado eufemísticamente “beneficios caídos del cielo”, lo cual parece un sinsentido que, aun siendo legal, es profundamente injusto e injustificable. Es sencillamente un abuso de patio de colegio. Por tanto, descargar las responsabilidades propias culpando a Europa no parece una buena idea. Puestos a echar balones fuera y elegir slogans publicitarios aplíquese el gobierno el de Manuel Luque en los anuncios del detergente Colón: Busque, compare y si encuentra algo mejor cómprelo.

El marco comunitario no impide que diversos estados europeos tengan regulaciones específicas para las distintas formas de producción de energía eléctrica y hay estados que tienen empresas públicas, por ejemplo, Francia con ADF en régimen de monopolio estatal en lo referido a la energía nuclear. Italia, Suecia, Holanda, Suiza, Australia, Japón o Estados Unidos tienen también compañías eléctricas con participación pública. Según la OCDE 32 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial tienen participación pública. España las tenía, pero don Felipe González (PSOE) y don José María Aznar (PP) las privatizaron “para modernizar el servicio, aumentar la competitividad y bajar las tarifas”. Buenos demagogos y malos profetas. Ambos formaron parte de sus consejos de administración años después.

La ministra ha planteado la posible creación en el futuro de una empresa pública que gestione las concesiones hidroeléctricas vencidas, lo que equivale a una solución en diferido, una fórmula muy utilizada en nuestra literatura clásica tanto por Miguel de Cervantes (cuan largo me lo fiais amigo Sancho) como por Tirso de Molinaen El Burlador de Sevilla o Zorrilla en Don Juan Tenorio, pero siempre con el mismo significado: indicar que el plazo propuesto para llevar a cabo alguna acción era tan largo que las posibilidades de que no se llevase a cabo eran muy grandes. ¿No puede el gobierno en base a la urgencia de una emergencia social, en un país ya suficientemente empobrecido, intervenir en el mercado eléctrico? Nadie duda de la emergencia, ni siquiera el gobierno. El nihilismo gubernamental no se puede justificar de ninguna manera.

Solicitar a las empresas energéticas ‘empatía social’ sí que parece un postureo e incluso un disparate. En el sistema económico que vivimos el objetivo de las empresas es ganar dinero, cuanto antes y más mejor, y las empresas energéticas no son una excepción. Son las sacrosantas leyes del mercado llevadas al extremo, que el gobierno no parece dispuesto a poner en cuestión. La responsabilidad social corporativa de cada empresa la decide ella y nunca es a costa de los beneficios ni de recomendaciones del gobierno. Un pobre recurso dialectico de una ministra inteligente de la que podíamos esperar más. Recomendar a estas empresas que “no es el momento de maximizar beneficios” no es más que reconocer la nula disposición o la impotencia del gobierno para cambiar la situación. Un brindis al sol que ya no engaña a nadie.

La respuesta social está comenzando a gestarse: el Ayuntamiento de Batres en la Comunidad de Madrid es el primero en adoptar la insumisión contra la eléctricas negándose a pagar el recibo de la luz: “Es verdad que el aumento en la factura de la luz a nosotros no nos afecta, pero no pagaremos como forma de presión y solidaridad con los afectados y defensa de los vecinos” e insta a las administraciones públicas, a las que las eléctricas no pueden cortar el suministro, a seguir su ejemplo. No será el único, pero puede ser el Móstoles de la “guerra de las eléctricas”.

¿Qué tipo de democracia es aquella en la que los lobbies puedan llevar su ansia desmedida de beneficios hasta estrangular la economía? ¿Qué tipo de gobierno es el que confiesa públicamente que no puede hacer nada en defensa de los ciudadanos que sufren el problema del precio de la luz en sus economías domésticas o en las de pequeñas y medianas empresas? ¿A quien se vota en democracia a partidos que proponen y ejecutan soluciones o a partidos interpuestos por los lobbies económicos? Volviendo al eslogan publicitario de Manuel Luque quizás los ciudadanos deberíamos transformarlo en un ejercicio de poder democrático: Busque, compare y si encuentra algo mejor vótelo. Haberlohaylo.

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