Agentes de la Guardia Civil desmantelaron una red criminal que habría estafado a más de 500 personas en con víctimas en Ávila, Burgos, León, Segovia y Valladolid.
Ical – La operación ‘Abanterum’ se saldó con la detención e investigación de 21 personas y un beneficio total de más de 1,7 millones de euros, como presuntas autoras en diferentes grados de participación de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsificación de documento mercantil.
Los integrantes de este entramado criminal empleaban tácticas de venta agresiva para generar confusión en las víctimas, con constantes coacciones y amenazas. En algunos casos, las estafas han causado la quiebra económica de familias enteras tras haber desembolsado cantidades de 30.000, 50.000 y hasta 100.000 euros.
Para ello, se han llevado a cabo un total de cinco registros en empresas y domicilios (dos en Madrid, dos en Getafe y uno en Mejorada del Campo) en los que se intervinieron numerosos ordenadores, material informático y numerosa documentación relacionada con la actividad delictiva.
¿Cómo trabajaban?
La red criminal adquiría paquetes de identidades en el mercado negro de personas que habían comprado colecciones de libros con anterioridad a otras empresas, o bien habían sido víctimas de múltiples estafas. Una vez los estudiaban definían el método para defraudar el máximo dinero posible.
Uno de los modos operandi consistía en engañar a las víctimas explicándoles que habían comprado colecciones de libros con anterioridad a otras empresas y que el contrato de compra les obligaba a adquirir las nuevas ediciones de forma que, ante la posibilidad de tener problemas legales, las víctimas compraban las colecciones valoradas entre los 1.900 y 3.000 euros.
En una ocasión se personaron en el domicilio de una víctima, manifestando ser abogados de la editorial e instándole a abonar la deuda bajo amenaza de denuncia por impago. Si las víctimas tenían problemas económicos, les ofrecían la posibilidad de financiar la deuda falsificando contratos de los que los afectados asumían las consecuentes responsabilidades contractuales.
En ocasiones estafaban doblemente a las víctimas, embaucándolos con precios sobredimensionados que garantizaban siempre que adelantasen unas cuantías que oscilaban entre los 3000 y 8000 euros para llevar a cabo la subasta.
El último escalón de la trama delictiva iba dirigido a víctimas que habían sufrido diversas estafas o ventas abusivas durante los últimos años. Los integrantes de la red se ponían en contacto con ellas haciéndose pasar por una asesoría jurídica ofreciéndoles sus servicios, mediante la firma de un contrato anual de entre 2.400 a 3.400 euros.
