Las cuentas del exjefe del Estado vuelven a salir a la palestra. Esta vez debido a novedades que se desprenden de la documentación entregada por el banco suizo al fiscal del país helvético Yves Bertossa. A ella ha tenido acceso El Periódico de España.
Según estos documentos, el rey emérito ocultó hasta diciembre de 2011, en la cuenta corriente que abrió en 2008 en el banco suizo Mirabaud, más de 75 millones de euros. Esta cuenta estaba a nombre de la Fundación Lucum. A la apertura de la cuenta ingresó 64.884.405 euros y los puso a nombre de la Fundación Lucum. Este montante, según los fiduciarios de Don Juan Carlos, provenía de un regalo de la monarquía de Arabia Saudí. Esta cuenta recibió nuevos fondos, llegando a alcanzar un año después de su apertura 70.213.000 euros.
Entre octubre de 2008 y diciembre de 2011 se retiraron o transfirieron 6,1 millones de euros. La retirada más relevante fue de un millón de euros, supuestamente destinados a Marta Gayá, según una nota interna que ha podido comprobar El Periódico de España. Además el testaferro del emérito llevó a su cliente dinero en efectivo en varias ocasiones. Corinna Larsen ha sido también receptora de diferentes cantidades de dinero procedentes de esta cuenta. En octubre de 2011 recibió 550.000 libras esterlinas, y en 2012 los movimientos bancarios alcanzaron la cantidad de 1,9 millones de euros.
A pesar de estas salidas de dinero, en diciembre de 2011 la cuenta disponía de 69,7 millones de euros, 4,9 millones más que la cantidad inicial. Esto se debe a los diferentes ingresos que se fueron realizando, supuestamente procedentes de donaciones procedentes de Oriente Medio.
En el año 2012 las autoridades suizas obligaron a cerrar dicha cuenta, por lo que Juan Carlos I tuvo que donar todo el dinero que había en ella a Corinna Larsen. Para, al año siguiente, reclamar a la beneficiaria la devolución de esos fondos.
El fiscal suizo Yves Bertossa imputó hace más de cuatro meses a un accionista del banco helvético, Yves Mirabaud, al no haber informado del ingreso de 64,8 millones al organismo de prevención de blanqueo de capitales del país.
