Agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a otras cuatro personas de nacionalidad española por delitos de falsedad documental y fraudes a las administraciones públicas. Según fuentes policiales, los arrestados están relacionados con la operaciones anteriores denominada ‘ABG’ y ‘Juntay’, donde ya se detuvo a los principales falsificadores.
Con idéntico modus operandi, los detenidos utilizaban documentos falsificados que posteriormente presentaban en distintas administraciones locales, regionales y nacionales, incluso logrando la expedición del DNI con datos falsos. Dichos soportes ya les fueron retirados y han sido destruidos, según conformó la Policía.
Por el momento se han detecto falsedades en distintas administraciones públicas, por lo que se sabe que obtenían beneficios de subvenciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía, distintas ayudas al alquiler y el Ingreso Mínimo Vital. La investigación continúa para esclarecer la localización de otras posibles subvenciones o becas fraudulentas.
Los cuatro detenidos residen desde hace cinco años en un inmueble usurpado en Salamanca, que está ubicado en la Carretera de Aldealengua y pese a no haber pagado nunca el importe del arrendamiento, el pasado año pasado realizaron tres solicitudes de ayudas al alquiler, según conformó la Policía.
Así, uno de los detenidos presentó un contrato de arrendamiento falso referido a la citada vivienda que figuraba a su nombre, y otro de ellos hizo lo propio en distinto domicilio en el barrio de Tejares. Finalmente, los dos últimos implicados presentaron una tercera solicitud adjuntando un contrato en el que falsificaron la firma de la propietaria de una vivienda de la localidad de Cabrerizos.
El Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León, al detectar irregularidades, ya había resuelto dichos expedientes desfavorablemente. Aún así, los agentes instaron a las distintas administraciones para que se tomen medidas cautelares de cese de las subvenciones fraudulentas y anulación de los empadronamientos hasta que finalice la investigación, que continúa abierta.
