El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha realizado más de una decena de alegaciones a las Ordenanzas Fiscales del año 2022 durante el periodo de exposición pública desde su aprobación inicial en la sesión plenaria del pasado mes de octubre. Las propuestas están centradas en disminuir la presión fiscal a las familias salmantinas, contribuir a la reactivación económica y la generación de empleo y de oportunidades, y promover la progresividad fiscal para que pague más quien más tiene.
Entre todas, destaca la reclamación de los socialistas para la congelación real de los tributos municipales frente a la subida del 2,7 % planteada por PP y Ciudadanos.
En este sentido, para 2022, los responsables del Gobierno municipal, únicamente atendiendo a la petición de las empresas concesionarias, establecen subidas generalizadas en las tarifas de servicios públicos municipales, entre ellos, un servicio público esencial como el de suministro de agua potable y alcantarillado o la depuración de aguas, pero también se ven afectadas otras tarifas como las de la ORA o los servicios funerarios.
Además, los concejales del PSOE plantean propuestas para bonificar el impuesto de actividades económicas, nuevos supuestos de no sujeción a la tasa de retirada de vehículos en la vía pública, la cobertura mediante seguro para vehículos estacionados en zonas de aparcamiento vigilado, reducción de las tarifas en las piscinas municipales para jóvenes y familias con menos recursos, o la modificación de la Ordenanza Fiscal número 100 para introducir cambios en el callejero fiscal que acabe con la inexplicable clasificación de calles en la ciudad que perjudica a los vecinos de los barrios en el pago de tributos como la tasa de recogida de basuras.
Respecto a las tarifas de la tasa del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, los socialistas reclaman acabar con la doble tarifa que pagan las viviendas que mantienen doble contador, para agua fría y para agua caliente. Asimismo, piden la reducción en, al menos, el 25 % de la cuota de abono trimestral, puesto que se sitúa entre las más altas de todas las capitales de provincia de Castilla y León. Por último, aceptado por el Gobierno municipal, a partir de 2022, la devolución del depósito-fianza exigido en el momento de alta en el servicio se realizará de oficio en el plazo máximo de 15 días desde la solicitud de baja y no a instancias del usuario, como ocurre en la actualidad.
El impuesto de plusvalía, en máximos
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021 confirmó la inconstitucionalidad de varios preceptos del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales que afectan al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía municipal. Para dar respuesta y cumplimiento a la sentencia, el Gobierno de España ha establecido un régimen de cálculo del impuesto municipal a través del Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, en el que determina dos métodos de cálculo del impuesto y establece porcentajes máximos, cuya fijación corresponde a los ayuntamientos. Prácticamente, en cualquiera de los dos métodos la mayoría de contribuyentes pagará menos por este impuesto de lo que pagaba antes en la capital salmantina.
Sin embargo, en el caso del Ayuntamiento de Salamanca, el Gobierno municipal formado por PP y Ciudadanos ha optado por trasladar a la ordenanza que regula el impuesto de la plusvalía municipal los porcentajes máximos marcados por el Real Decreto-Ley, en lugar de establecer tipos impositivos o porcentajes menores, reduciendo así la carga fiscal a la ciudadanía.
Esta nueva decisión del Gobierno municipal del bipartito PP-Ciudadanos “vuelve a demostrar su insensibilidad con los salmantinos, al fijar siempre los impuestos en los máximos que establece la normativa estatal, en vez de, como hacen otros gobiernos municipales, optar por una solución más favorable a sus vecinos”.
[box type=»shadow» align=»alignleft» class=»» width=»550px»]Volver a cobrar la tasa de terrazas
Izquierda Unida, por su parte, propone volver a recaudar la tasa de terrazas a los establecimientos hosteleros. En palabras de la concejala Virginia Carrera “en la situación actual del sector no consideramos necesario eliminar el pago de esta tasa” IU plantea la necesidad de incentivar el uso del transporte público aumentando los precios del aparcamiento por hora y en segundo lugar fomentar el uso de vehículos «Cero emisiones» o «ECO».
La formación entiende que es fundamental, por poner algunos ejemplos, aumentar la edad hasta 16 años para el pago de las piscinas como franja infantil y respecto al suministro de agua, proponen introducir el principio de precaución para evitar que ninguna familia se vea privada de un bien de primera necesidad como es el agua; para cumplir con dicha demanda se pretende que la empresa suministradora comunique el impago a los servicios sociales municipales, con el fin de que estos comprueben si puede afectar a personas en situación de necesidad o vulnerabilidad social [/box]
