Los test masivos de antígenos que se están realizando desde primeros de año en Castilla y León y, en particular, en Salamanca en las unidades móviles, los está realizando personal sanitario no cualificado para ello, perteneciente a la empresa externa. En concreto, en Salamanca están realizando las pruebas los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, “TCAE”.
Según denuncia CGT en el hospital de Salamanca, esto contraviene la normativa europea y española, reflejada en la Ley General de Sanidad, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Además, contraviene la normativa europea que establece que los test, reactivos, productos, materiales, instrumentos, etc. utilizados para la realización de pruebas diagnósticas para detectar la infección por SARS-CoV-2 están considerados productos sanitarios de diagnóstico “in vitro” y, por lo tanto, deben realizarse por personal sanitario cualificado, del ámbito de la enfermería o la medicina, único personal legalmente cualificado y habilitado para ello.
«Una mala praxis en la realización de este tipo de test, puede dar lugar a mucho más que probables diagnósticos erróneos», indica CGT.
De hecho, afirma que “se ha observado que la tasa de positivos es mayor cuando es realizada por personal cualificado que cuando se realiza por estos otros profesionales. Todo ello debe tener como fin proteger y garantizar la seguridad asistencial de la población”, indica.
Cuando en los cribados de personal de Sacyl salen incidencias hasta el 50% (el 38,6% en la del viernes en el centro de salud de San Juan), en los de las unidades móviles apenas llegan a la mitad, incluso menos de la mitad de positivos. En los test realizados por las unidades móviles el viernes en la provincia hubo una positividad del 9% en Alba, el 10% en Villoria y el 6% en Matilla, mientras que el jueves fue del 19% en Santa Marta y Alba y del 16% en Peñaranda.
El sindicato advierte de que, en caso de hacer caso omiso a esta denuncia, “se estaría incurriendo en un intrusismo profesional flagrante que la Consejería de Sanidad y su consejero, Alejandro Vázquez, no sólo ha autorizado, sino que sigue permitiendo a día de hoy”.
Por otro lado, la normativa actual recoge que el resultado de estas pruebas debe figurar en la historia clínica del paciente, a la cual no puede ni debe tener acceso personal de una empresa privada, ni en su totalidad ni en parte y, aunque ellos vuelquen en el programa Jimena los datos de los test sin tener acceso a su información, ya son conocedores del diagnóstico de cada uno de esos pacientes, el cual ya forma parte de su historia clínica.
Por eso, CGT exige a la consejería de Sanidad y a su responsable, Alejandro Vázquez, “que revoque de inmediato la subcontratación de personal no cualificado para la realización de pruebas diagnósticas, que únicamente puede llevar a más contagios de los que ya existen con esta pandemia al no diagnosticarse correctamente a los pacientes infectados”.
En caso contrario, este sindicato tomará cuantas acciones y medidas sean precisas para llevar ante la justicia estos despropósitos.
