[dropcap]E[/dropcap]l concurso para la concesión de los autobuses urbanos mantenía las tarifas y comprometía a la empresa a contemplar precios especiales para la tercera edad y discapacitados. No podíamos arriesgarnos a que la nueva empresa fuera por libre, y por eso impusimos un control trimestral realizado por los técnicos municipales, control que era vinculante en cuanto a recomendaciones y advertencias.
Una segunda Comisión de Control con representación de los vecinos funcionó como filtro para posibles incumplimientos, vigilaba especialmente la calidad del servicio prestado a los ciudadanos.
Las seis propuestas presentadas al concurso fueron analizadas por una empresa especializada, INECO, experta en trasporte urbano, y por los representantes de los vecinos. Se permitía a la adjudicataria solicitar una cantidad, en el caso de Salamanca 50 millones de pesetas, para compensar el déficit tarifario.
Se valoraron mejoras como la amplitud del área a cubrir en cada una de las líneas, los horarios del servicio, la frecuencia de paso por cada una de las paradas, la amplitud del vehículo y el número de asientos. A la empresa adjudicataria se le concedieron tres meses para poner en marcha el nuevo servicio de autobuses.
El Pleno de diciembre adjudicó a Salamanca de Transportes, una agrupación de empresas de Madrid, la concesión para el trasporte urbano en la ciudad de Salamanca para los 15 años siguientes. Para alegría del grupo de Gobierno, la decisión se tomó por unanimidad. La empresa elegida tenía amplia experiencia, mantenía las líneas de autobuses de Fuenlabrada y Leganés, autobuses para diversos centros de trabajo y varias líneas de transporte escolar.
