Castilla y León aumentó cuatro puestos en materia de privatización sanitaria entre las comunidades autónomas respecto a 2020, justo en el periodo que ha correspondido con la pandemia del Covid-19, según el VIII Informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) analizado por la agencia Ical.
El de la Comunidad es uno de los movimientos más llamativos en cuanto a mayor privatización entre los dos últimos informes. Junto a Castilla y León se encuentra Aragón, que se elevó en siete puestos en relación a 2020, Murcia, con seis posiciones más en el ranking, y Valencia y Andalucía (esta ultima hace dos años había incrementado ya siete puestos). A continuación, Extremadura dos posiciones y Galicia , una.
Los datos de Castilla y León contrastan, más si cabe cuando en 2020, respecto al anterior informe, que databa de 2014, la Comunidad había disminuido su dependencia privada en siete posiciones.
Así, la FADSP establece un resultados promedio para la Comunidad, tras el análisis de los diferentes criterios, de 20 puntos, justo en la media nacional, que es de 20,52, sobre un máximo de 37 posibles. En este sentido, con un elevado grado de privatización se encuentran Madrid (31), Cataluña (29), Baleares (25) y Canarias (25), mientras que las que cuentan con bajo grado son Extremadura (13), Castilla-La Mancha (12) y Cantabria (11). En la zona intermedia se encuentran Galicia (23), Andalucía (22), Valencia (21), Aragón, Castilla y León, Murcia y País Vasco (20), Asturias, Navarra y La Rioja (19).
Por otro lado, el 4,53 por ciento de la población está cubierta por mutualidades de funcionarios, frente al 3,83 por ciento de media nacional. Además, el gasto en seguros privados per cápita fue de 137 euros al año, 20 menos que en España, mientras que el 2,7 por ciento del gasto sanitario de Castilla y León se dedicó a contratar con centros privados, un porcentaje cuatro puntos inferior a la media de las comunidades autónomas.
Por otro lado, en Castilla y León el 3,9 por ciento de las camas hospitalarias son de carácter privado (5,87 por ciento en España); mientras que el 31 por ciento del equipamiento de alta tecnología se encuentra en hospitales privados, cinco puntos por debajo de la media nacional, es decir, que en la Comunidad existe un mayor número de este tipo de aparatología en centros públicos.
El número de consultas anuales al especialista del sector sanitario privado es de 240,67 por cada mil habitantes, casi la mitad que en España (448,29). Por último, en las últimas cuatro semanas se han registrado 10,06 consultas al médico general de medicina privada por cada mil habitantes, frente a 11,53 de media autonómica.
