La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Castilla y León pidió este jueves a las administraciones y en especial a los ayuntamientos que sean “prudentes” y no den “pasos en falso” antes de dejarse “embaucar” por proyectos de macroparques solares que acarrean la expulsión de agricultores y ganaderos de las comunales tradicionalmente dedicadas a esta actividad.
Ical.- Ante esta situación, cada vez más agricultores y ganaderos recurren a la vía legal como única para defender sus legítimos intereses. El último caso ha sido el de la Junta Agropecuaria Local de Paredes de Nava, cuya reclamación ha recibido el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que ha rechazado que el ayuntamiento palentino expulse a 70 agricultores que trabajaban desde tiempo inmemorial unas fincas comunales.
En concreto, el propósito del ayuntamiento era acotar cerca de 500 hectáreas, casi la mitad de una superficie comunal, lo que como remarca la sentencia causa perjuicio a la explotación agraria que se viene realizando desde “tiempo inmemorial”. La resolución del TSJ argumenta que corresponde al legislador definir el modelo territorial y buscar la armonización entre los intereses de los que explotan agrícolamente las tierras y viven de ello y los proyectos de energías renovables, sin que los derechos de los agricultores resulten atropellados por el mayor rendimiento económico los huertos solares.
“El sector se siente acorralado ante la incomprensión de las administraciones, que nos está echando a los pies de los caballos, entre la voracidad de las empresas fotovoltaicas y la expectativa de recibir ingresos fáciles por parte de los ayuntamientos, aunque sea a costa de eliminar a los agricultores de la zona”, apuntó la organización en un comunicado.
Asaja confía en que la sentencia del TSJCyL sea acatada y sirva de modelo para otros casos muy similares que están en marcha en la Comunidad y haga recapacitar a los ayuntamientos antes de emprender estos proyectos, considerando primero los usos agrarios y ganaderos tradicionales de cada zona afectada.
“El propósito loable de que España sea una potencia en energías renovables no exime a las administraciones de su responsabilidad a la hora de coordinarse para que se escojan cuidadosamente los terrenos donde se instalen los parques”, añadió. En este sentido, Asaja valoró la actuación de oficio desarrollada por el Procurador del Común, para conocer el impacto de la proliferación de los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas sobre el uso agrícola característico de las tierras de cultivo o destinadas al aprovechamiento ganadero.
