Castilla y León es la comunidad española que menor gasto medio realizó por persona beneficiaria de ayudas a la dependencia en 2021, con un promedio de 6.598,72 euros dedicados a cada una de las 106.500 personas beneficiarias el pasado año, alejado en todo caso de la media nacional, que se sitúa en 8.195,92 euros y que beneficia a un total de 1.166.276 españoles.
Ical.- Así lo refleja la tabla de financiación pública a la dependencia publicada este martes por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que en un comunicado remitido a Ical, señaló también a Castilla y León como la segunda comunidad que menor porcentaje de financiación autonómica destinó a las ayudas a dependencia en 2021, con un 72,55 por ciento del total, tan solo por delante de Galicia, que dedica un 67,36 por ciento.
Esto supone que Castilla y León dedicó 509.835.232,34 euros de los 702.762.266 euros totales de financiación pública destinados a la dependencia en la Comunidad. Los 192.927.033,66 euros restantes, el 27,45 por ciento del total, proceden de la financiación estatal, que en la media del país se encargó del 20,84 por ciento de estas ayudas al dedicar 1.992.423.207,36 de los 9.558.704.769,45 totales, por lo que el promedio que destinan las comunidades a esta cuestión es del 79,16 por ciento del total, más de seis puntos y medio por encima de Castilla y León.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también incluyó a la Junta de Castilla y León entre los once gobiernos autonómicos que redujeron, con respecto a 2020, el gasto en la atención a personas en situación de dependencia, junto a Canarias, La Rioja, Galicia, Cataluña, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla-La Mancha.
Según se esgrime desde esta asociación, durante 2021 fallecieron 46.300 personas en las listas de espera de la dependencia, 18.356 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 personas pendientes de resolución de prestación. Así, el objetivo de reducción de la lista de espera que planteaba el Plan de Choque del Ministerio, con el incremento de la aportación estatal, no se cumplió: en lugar de reducir en 60.000 personas el ‘limbo de la dependencia’, solo se redujo en 38.807 personas, e incluso siete comunidades incrementaron esa lista de espera.
Así, mientras el Ministerio «no ejecuta el presupuesto disponible y devuelve 76 millones de euros a las arcas del Estado», y las comunidades que redujeron su aportación a estas prestaciones «aliviaron las arcas autonómicas», lo que lleva a la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a afirmar que «se está abandonando sin atenciones a las 396.787 personas que están a la espera de un procedimiento, mientras el tiempo de espera medio es de 421 días».
